El Gobierno apuesta desde León a luchar sin control contra la «economía sumergida y el fraude» frente a los altas cotas de pobreza

Ni se puede ni se debe acostumbrar a convivir con porcentajes tan alarmantes como los que revela el Informe sobre pobreza y exclusión social: el 25% de la población española está en riesgo de pobreza o de exclusión social y el 5,4% -2,5 millones de personas- viven en la pobreza severa.

Al menos así lo entiende la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, que incide en el éxito de medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional -SMI- para velar porque en España haya más empleo pero, sobre todo, que haya más calidad.

Una regulación que, según señaló la ministra durante una visita a León, también se debe aplicar al ingreso mínimo vital, para velar que las personas que viven en exclusión social y tienen problemas de acceso al empleo, a la comida y a la vivienda puedan tener una vida digna.

Una lucha, la de la pobreza, que debe ser una lucha de toda la sociedad y de ahí la necesidad de apostar por poner la economía al servicio de las personas. «La gestión económica tiene que ser eficiente, controlar el déficit y la deuda pública, pero siempre poniendo la economía al servicio de las personas».

Para ello, Valerio entiende «fundamental» que se aplique» una redistribución de la renta y una fiscalidad «justa» para evitar que se mantengan los elevados niveles de pobreza mientras existan ciudadanos que se llevan «dinero a espuertas a los paraísos fiscales, no paguen los impuestos que deben o no coticen por lo que deben».

De ahí que entienda necesario que España, como sociedad, tiene una lucha sin cuarte contra la economía sumergida y el fraude laboral y fiscal.

«Son actitudes completamente insolidarias porque para pagar las prestaciones, tener buenas infraestructuras o un buen sistema de salud, de educación o de pensiones es fundamental que todo el mundo contribuya con lo que deben. Que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Solo garantizando la cohesión social y territorial podemos garantizar paz y estabilidad social», concluyó Valerio.