La falta de examinadores de Tráfico en León, un «mal endémico» para las autoescuelas

«Un mal endémico de la DGT». Así definen las autoescuelas de León el atasco que, desde hace años, sufre la provincia ante la falta de examinadores de tráfico. La plantilla actual cuenta con cuatro examinadores de los ocho que le correspondería a una provincia como León, una cifra que oscila gracias a la llegada de interinos e itinerantes pero que no deja de ser un «parche» dentro de un «problema estructural».

«La DGT tiene examinadores itinerantes que refuerzan las plantillas durante un tiempo donde hace falta. En León hay una pero se va este mismo mes», explica el presidente de la Asociación de Autoescuelas de León, Fernando Blanco.

En verano Tráfico prevé incorporar a 95 examinadores interinos, de los que previsiblemente dos se incorporarán estos meses a la plantilla de León y cubrirán la plaza durante seis meses. Aun así, «la plantilla seguirá siendo insuficiente porque seguimos sin alcanzar esos ocho examinadores y no deja de ser un parche que ayuda pero no resuelve el problema».

Una plantilla que se enfrenta a una bolsa de aspirantes que en la provincia asciende a 2.900 personas, alumnos que han superado los exámenes y podrían solicitar en cualquier momento presentarse al práctico, lo que supone un ratio similar a otros años.

Ante las esperas, que pueden llegar a demorarse hasta dos meses, muchos aspirantes optan por salir de la provincia y examinarse en otras donde la situación «es algo mejor». «Aquellos que necesitan por trabajo o necesidad el carnet rápido se van, es así, y es un problema», apunta Blanco.

A pesar de todo, la situación tampoco es mucho más halagüeña en el conjunto del país, donde más de 800.000 personas esperan poder examinarse del práctico de conducir a corto-medio plazo. «Esto es un mal endémico de la DGT en toda España, muchas provincias están igual y lo que necesitamos es más examinadores».

Para el Instituto de Tráfico y Transporte (ITT), la única solución posible para solucionar el caos actual por el que atraviesan muchas jefaturas del país es la concesión inmediata de una partida presupuestaria de al menos dos millones de euros para que los examinadores de tráfico puedan hacer horas extraordinarias de forma voluntaria. Esta solución, aunque es un parche temporal al problema de fondo, una plantilla de examinadores insuficiente para el volumen de pruebas que existe, no supondría ningún coste para la Administración, que podría recuperar rápida y fácilmente esa inversión a través del cobro de las tasas de examen que pagan los alumnos, señalan.