Un perito evidencia que Isabel Carrasco pagó como publicidad 16 informes de reputación

Un nuevo perito ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional en el marco de la causa abierta por la pieza separada de la operación Púnica en León. A petición de la Fiscalía, quien le reclamó el correspondiente informe, ha desmenuzado las facturas remitidas por Eico y Madiva a la Diputación Provincial de León.

En concreto se ha referido a 30 facturas abonadas en todos los casos como contrato menor, recordando que al tener esa condición, debía tener el visto bueno del interventor y la rúbrica del presidente de la institución.

El informe, emitido con evidente contundencia, evidencia a juicio de este perito que Isabel Carrasco pagó con dinero público trabajos reputacionales evidenciados en 180 folios remitidos por la secretaria de la Diputación que avalan los mismos.

Además ha citado de forma explícita que la Diputación pagó un total de 16 informaciones reputacionales sobre Isabel Carrasco (cinco en 2012, siete en 2013 y cuatro en 2014) y tres de ellos para Marcos Martínez (2014).

El perito ha apuntado que la fiscalización realizada por Jesús López entonces interventor no es cuestionable en esos aspectos y no ha visto reparos a la misma, que fue ejecutada entendiendo los procedimientos administrativos aplicables entonces.

El perito sí ha advertido que la treintena de facturas de Eico y Madiva fueron conformadas por Pedro Vicente Sánchez García, entonces «personal eventual», lo que sí podría suponer en ese caso una acción no conforme.

Desde el peritaje realizado por el compareciente sí se ha entendido que las facturas presentadas a cobro Eico y Madiva en su acuerdo inicial quizá no estuvieron lo suficientemente sustentadas. Igualmente ha asegurado que no había contratos con estas empresas por los servicios acordados, ni para la realización de campañas de publicidad ni para trabajos reputacionales.

En el peritaje realizado también ha evidenciado que el procedimiento de pago a Eico y Madiva sería idéntico al realizado a diferentes empresas de medios de comunicación lo que ha llevado a una conclusión rotunda para el perito: «Si había mil facturas abonadas de este modo eran ilegales. Todas ilegales».

El perito sí ha incidido en que las firmas de Pedro Vicente Sánchez para la aprobación de las facturas nunca fue correcta ya que este tipo de aprobaciones corresponde a personal funcionario y no a personal «eventual o de confianza».

Igualmente se ha remitido a un documento facilitado desde la secretaría de la propia Diputación para evidenciar que durante los procedimientos de pago a Eico y Madiva se saltaron procedimientos previos de contratación y licitación.

En la misma línea ha apuntado que las 30 facturas abonadas a Eico eran en realidad un «fraccionamiento del contrato clarísimo» por un importe total sin IVA que ascendía a 90.185 euros.

Igualmente ha apuntado que Marcos Martínez firmaba esas facturas por delegación dejando constancia de que este era un acto por delegación de la presidenta, Isabel Carrasco, quien asumía el papel responsable de la acción.

El mismo perito ha remarcado que el objeto de la prestación del servicio no era la publicidad institucional sino que en realidad se abonaban trabajos reputacionales, trabajos que fueron enmascarados en los pagos.

Igualmente el perito ha remarcado, ya en el análisis de los pliegos relativos a las cafeterías de San Isidro, que los citados pliegos nunca deberían ser conocidos por los aspirantes a este servicio dentro del procedimiento de adjudicación.

En esa línea ha valorado como «irregular» que los pliegos pudieran estar fuera de la administración antes de que el procedimiento interno y administrativo estuviera en marcha.

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