Un abogado de León, entre los firmantes de una denuncia contra Bolsonaro por «crimen de pandemia»

Ricardo Franco Pinto, brasiileño afincado en León desde 2005, es uno de los abogados que firman una denuncia conta el presidente de Brasil Jair Bolsonaro interpuesta por la Asociación Brasileña de Jusristas por la Democracia ante la Corte Penal Internacional. Pinto y el estadounidense Charles Kurmay, mantienen que las acciones de Bolsonaro «se han llevado a cabo con el fin de minimizar la gravedad del COVID-19 y fomentar actividades que podrían provocar la propagación rápida e incontrolada de esta enfermedad mortal. Estas violaciones del Derecho Penal Internacional merecen la atención de la Corte Penal Internacional para proteger la vida, la salud y el bienestar de millones de personas que viven en Brasil y en todo el mundo. Las proyecciones estadísticas demuestran que habrá más de 1 millón de muertes en Brasil si no se cumplen las recomendaciones de la OMS.»

La Asociación Brasileña de Jusristas por la Democracia, ABJD, solicita a la Corte Penal Internacional que inicie investigaciones para analizar la conducta del mandatario y que, al final, le condene por poner en riesgo la vida de los ciudadanos con arreglo al artículo 7 (1) (k) del Estatuto de Roma.

En la denuncia se relatan las acciones realizadas por el mandatario que relativizan la gravedad de la pandemia y violan las recomendaciones de autoridades sanitarias en todo el mundo, especialmente las directrices de la OMS y las de todas las naciones que estuvieron o están en el epicentro de la pandemia.

Entre estas acciones, están sus discursos oficiales que estimulan el fin del aislamiento social y el regreso a las actividades en escuelas y comercios; la campaña oficial 'Brasil no puede parar'; su participación en actos públicos que generan aglomeraciones; y el Decreto que determina la reapertura de iglesias y loterías.

«Los crímenes cometidos afectan severamente a la salud física y mental de la población brasileña, exponen diversos segmentos a un virus letal y tiene una brutal capacidad de proliferación, como ya se demostró en diversos países. En los lugares donde se desatendió a la política de cuarentena se incrementó el impacto de la pandemia, como en Italia, España y Estados Unidos», recoge la denuncia.

Según la ABJD, Bolsonaro estaría cometiendo crimen de epidemia, establecido en el artículo 267 del Código Penal Brasileño y en la Ley número 8.072/1990, que dispone sobre delitos atroces, además de violar la medida sanitaria preventiva, según establece el artículo 268 del Código Penal. El mandatario también viola la Ley número 13.979, de 6 de febrero de 2020, que trata específicamente de la emergencia del COVID-19 y el decreto interministerial número 05, del 17 de marzo de 2020, que establece en sus artículos 3º y 4º que el incumplimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena, así como la resistencia a someterse a exámenes médicos, pruebas de laboratorio y tratamientos médicos específicos pueden llevar a sanciones según los artículos 268 y 330 del Código Penal.

«De hecho, es el Presidente de la República de Brasil quien viola todas estas normativas al animar a las personas a regresar a sus trabajos, a los niños a regresar a las escuelas, a los jóvenes a regresar a las universidades y a todos los demás a moverse normalmente por las calles. Todo esto conducirá a la infección de miles y miles de personas y la muerte de miles más debido a la confusión que crea el propio Presidente», afirma.

Por ello, los integrantes de la Asociación señalan que el jefe del Ejecutivo desprecia las autoridades sanitarias y científicas que recomiendan una estrategia de guerra para reducir los efectos de la pandemia.

«El Presidente de Brasil, haciéndose eco de empresarios sin escrúpulos, se ha negado obstinadamente a adoptar el estándar mundial de la lucha contra la pandemia y el aislamiento social. Por lo tanto, debido a las acciones del presidente Bolsonaro, Brasil deja de participar en la estrategia de aplanar la curva de infección. Más bien, busca expandirla. La conducta de Bolsonaro inevitablemente causará el colapso del sistema de salud en Brasil», recoge la denuncia.