Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral

Carlos —nombre ficticio— sufrió hace unos meses una lesión en una pierna que le impedía ir a trabajar. Los informes médicos recomendaban reposo y el uso de una silla de ruedas, lo que le imposibilitaba cumplir con sus funciones laborales. Sin embargo, por las tardes jugaba al pádel con total normalidad. O el de Fernando, a quien la mutua colaboradora con la Seguridad Social le pagaba un taxi para acudir a las revisiones médicas. Después, regresaba a casa y cogía su coche para desplazarse por su cuenta. Dos casos, aunque no excepcionales. «Esto es una pandemia, el sistema está podrido», señala Juan Carlos Delgado, CEO de Detectib.

Desde que la covid-19 irrumpiera en el mundo laboral español, las incapacidades temporales en España se han disparado casi un 85%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La previsión es que este año se superen por primera vez los 9 millones, lo que supondría un 6% más que la cifra con la que se cerró en 2024. «Hemos observado un incremento en las bajas, especialmente, de carácter psicológico», detallan Luis y R. Durán, detectives de Adchase Detectives. Mes a mes, las incapacidades temporales marcan nuevos récords históricos y, con ellas, el gasto para la Seguridad Social y las empresas.

El coste de las incapacidades temporales se ha disparado hasta los 29.000 millones de euros, una cifra que no deja de crecer año tras año. La Seguridad Social asume cerca de la mitad del gasto, mientras que las empresas soportan el resto en salarios y cotizaciones. Tomando como referencia el año 2015, el gasto se ha incrementado en un 125 %. «Una elevada carga para la Seguridad Social, para las empresas y para las mutuas», señala la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT), que reclama al Gobierno medidas urgentes. La primera: reforzar la vigilancia de las bajas que despiertan sospechas.

En los últimos cinco años, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social han adjudicado más de un centenar de contratos con el objeto «contratación del servicio de investigación privada por medio de detectives», según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público a los que ha tenido acceso este periódico, con un presupuesto que roza la decena de millones desde 2020. «Hay muchísimo trabajo», apunta el gerente de Detectib. «No llegamos a todo», apostilla.

En un momento en el que las bajas laborales no frenan, el gasto público en las coberturas marca récords históricos. Según el INE, el número de personas que cada día se ausentan de su puesto de trabajo aumentó un 2,3% en el último trimestre, hasta 1,56 millones. La Administración y las empresas se preguntan cuántas de esas incapacidades son fraudulentas.

Para ello, cada vez es más frecuente que las mutuas recurran a estos profesionales para que con sus cámaras y sus documentos refrenden las sospechas de los inspectores. «Nuestro informe en un proceso judicial es considerado como prueba», reitera Delgado. Su trabajo no consiste en valorar si un trabajador está en disposición de ir a su puesto de trabajo, ni tampoco si se comete un fraude. «Eso queda en manos de los inspectores, por un lado, o de los jueces, por otro», aclara.

Su trabajo empieza cuando una mutua o una empresa les encarga verificar la veracidad de una baja o las secuelas de una lesión. La información que les llega al despacho es básica: nombre, domicilio y lo que han de vigilar. «No recibimos el diagnóstico completo ni la dolencia por protección de datos», aclaran.

A partir de la información facilitada sobre la persona investigada, elaboran un plan de actuación cuyo objetivo es comprobar de manera objetiva si existe o no un posible fraude.

Para ello, analizan distintos escenarios: desde la actividad reflejada en redes sociales hasta la observación directa del día a día del investigado, «siempre dentro de los límites legales», explican. Finalmente, se contrasta si la conducta observada es compatible con la dolencia alegada o, por el contrario, contradice la incapacidad que justifica la baja.

Las bajas fraudulentas, tal y como reflejan las sentencias, son cada vez más variopintas. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas sentencias sobre la licitud de la prueba de detectives para realizar el seguimiento de empleados durante su baja y recabar pruebas que justifiquen una sanción, incluyendo el despido disciplinario, por comportamientos fraudulentos y/o que perjudiquen la recuperación. Aunque también se han pronunciado en sentido contrario. «Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro trabajo y ser muy estrictos», aclara Delgado.

En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratificó la procedencia del despido disciplinario de un trabajador por realizar actividades incompatibles con la causa que motivó su baja. Quedó acreditado que el trabajador, mientras estuvo en situación de incapacidad temporal, realizó actividades propias de su profesión habitual de mecánico-montador por cuenta propia. O la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de febrero de 2025, que también dio por bueno el despido disciplinario de un empleado por impartir clases de artes marciales durante su baja por ansiedad. El resultado de la investigación llevada a cabo por un detective -expone el texto judicial- señala con claridad los hechos que revisten «la suficiente gravedad como para justificar el despido».

En estos casos -las bajas de carácter psicológico- «son, sin duda, las más complejas de acreditar o desmentir», responden desde Adchase Detectives. «Determinar un fraude en estos casos requiere una combinación de indicios conductuales, contextuales y médicos», apostillan. En los últimos siete años, este tipo de incapacidad temporal se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos. En 2024, la tasa fue de 53,3 trabajadores por cada 1.000, la cifra más alta desde que se recopila esta estadística. Esta dinámica se ha acentuado desde el año 2021 hasta el punto de que el Banco de España ha alertado de que la cifra de bajas laborales de 2024 casi duplica a la registrada antes de la pandemia.

Desde los despachos de investigación admiten que detrás de las bajas fraudulentas se esconden perfiles muy distintos. «Nos encontramos desde quienes simplemente no quieren reincorporarse y prolongan su baja todo lo posible, hasta quienes la utilizan para otros fines», comentan en Detectib.

Entre los primeros figuran los que alegan dolencias difíciles de comprobar y pasan semanas sin apenas actividad, salvo salir a comprar o pasear al perro. «En esos casos resulta muy complicado demostrar que están simulando una enfermedad», reconocen.

Luego están los que aprovechan el periodo de incapacidad para desempeñar otro trabajo, casi siempre sin contrato. «Es habitual en empleos poco cualificados -por ejemplo, camareros o montadores- que compaginan el cobro de la prestación con un salario en negro», apuntan. «Ese tipo de fraude suele dejar rastro y es más sencillo de acreditar».

También existe un tercer perfil: el de quienes se declaran de baja para estudiar unas oposiciones, buscar un nuevo empleo o incluso ajustar cuentas con la empresa. «Hay casos en los que la motivación es más personal que económica», admite el gerente de Detectib.

Las licitaciones registradas en la Plataforma de Contratación del Sector Público reflejan la búsqueda de soluciones para poner coto a este fraude laboral. «Estamos desbordados y tenemos que decir no a muchos contratos», admite Delgado. Pero, a su juicio, solo hay una salida: «Esto se solucionará cuando alguien vaya a la cárcel, porque estamos hablando de una estafa», sentencia.