Acaip denuncia una «brutal agresión» a una compañera y pide «seguridad y salud en el trabajo»

Este día 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Dicha celebración consiste en una campaña internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno, siendo un derecho fundamental en el trabajo. Sin embargo, la cárcel de León, «está muy lejos de ser un espacio de trabajo seguro para los empleados públicos», tal y como remarcan desde el sindicato Acaip.

Según datos oficiales, durante el año 2022, «los trabajadores penitenciarios sufrieron 453 agresiones», lo que supone «una cada 19 horas», una cifra en realidad «mucho más elevada ya que estos datos no reflejan todas las incidencias que se producen en una prisión, tan solo aquellas en las que el trabajador requiere asistencia médica».

Desde Acaip-León, con motivo de este día, «denunciamos las agresiones que sufrimos los trabajadores penitenciarios en nuestro trabajo». Sin ir más lejos, el día 31 de marzo, de nuevo se produjo otra agresión en el Centro Penitenciario, donde «una trabajadora fue brutalmente agredida» por un interno que había protagonizado durante los días anteriores incidentes de especial gravedad, «sin que la Dirección del Centro tomara ninguna medida de seguridad al respecto».

«Es preciso que los medios de protección sean acordes a las funciones que los trabajadores penitenciarios realizan. No se pueden seguir utilizando los mismos medios de hace 20 años», lamentan desde el sindicato. La Administración Penitenciaria debe velar por la seguridad de sus trabajadores, por lo que desde Acaip insisten «en la necesidad de protocolos adecuados para prevenir las agresiones y derogar el actual que se ha mostrado ineficiente».

Esta reclamación hace referencia a la modificación del artículo 80 de la Ley Organiza General Penitenciaria por la que los trabajadores penitenciarios pasarían a ser considerados agentes de la autoridad. Una ley que lleva parada en el Congreso desde hace más de una año por lo que, desde Acaip solicitan que «el trámite parlamentario se agilice a fin de que, esta medida, pueda servir de freno a las agresiones sufridas por los empleados públicos penitenciarios».

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