La oposición exige a la Junta que «aplique lo que pide al Gobierno» y «corrija desequilibrios» con el reparto de los Fondos de Compensación

Los grupos de la oposición al Gobierno autonómico en las Cortes de Castilla y León exigieron este lunes a la Junta que «aplique lo que pide al Gobierno central» en el reparto interno del Fondo de Compensación Interterritorial y «corrija desequilibrios» entre las provincias con esa cuantía, mientras que el Grupo Parlamentario Popular recordó a las formaciones peticionarias que el FCI «no es un fondo de compensación entre provincias» sino que debería servir como un «instrumento relevante para posicionar a Castilla y León en la media de las comunidades, y no en la cola como está ahora».

Todo ello durante el debate celebrado en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes con motivo de la presentación, por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, de los informes de fiscalización realizados por la institución propia de la Comunidad con respecto a los expedientes justificados del Fondo de Compensación Interterritorial en Castilla y León durante los años 2019 y 2020, en una intervención en la que Amilivia recordó que, pese a la relevancia «jurídico-constitucional» de este mecanismo, su importancia es «económicamente residual».

La postura de la oposición fue defendida tanto por el representantes de UPL-Soria Ya en la Comisión, José Ramón García, como por el procurador soriano del PSOE, Ángel Hernández. Este último recordó que el fin último del Fondo de Compensación Interterritorial es «la solidaridad entre los territorios y corregir desequilibrios», por lo que desde su grupo presentarán una propuesta de resolución para que, dentro del reparto territorial interno, «sirvan para lo que han sido creados pero que no se está cumpliendo».

En ese sentido, exigió a la Junta que «marque unos criterios para la asignación de fondos a diferentes proyectos en diferentes provincias», con el objetivo de «lograr una mayor cohesión territorial» porque «si el Gobierno da el dinero pero la Comunidad no cumple los objetivos, mal vamos para conseguir la cohesión y el reequilibrio entre los diferentes territorios».

Además, calificó como «surrealista» que desde la Junta pidan al Gobierno de España «criterios que el PP no ha aplicado en Castilla y León desde el año 2003» para el reparto intercomunitario del Fondo de Compensación Interterritorial, y aseguró que la postura del PSOE no viene marcada para generar «guerras entre provincias» sino para «corregir los desequilibrios del desgobierno del Partido Popular», formación a la que tendió la mano para «fijar otros criterios» en el reparto interno de este fondo.

En la misma línea se pronunció el procurador de UPL, José Ramón García Fernández, que tras lamentar que Valladolid sea «una de las provincias más beneficiadas» de este fondo cuando, junto a Burgos, es la que agrupa un mayor porcentaje de PIB autonómico, pidió a la Junta que «aplique entre las provincias esa solidaridad que exigen al Gobierno central entre las comunidades».

Por último, el primer procurador en intervenir, Pablo Fernández, remarcó tanto el cumplimiento de la legalidad como la ejecución del cien por cien de los fondos, si bien también reivindicó al Ejecutivo autonómico que «cumpla con el Plan Plurianual de Convergencia Interior» para que sea a partir de ahí desde donde se «minoren los desequilibrios territoriales» dentro de la Comunidad.

La postura de la oposición se encontró con la respuesta de la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes autonómicas, Mercedes Cófreces, que tras recordar que las recomendaciones del Consejo de Cuentas a la Junta realizadas en los informes sobre ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial son «puramente técnicas», también señaló que este «no es un fondo de compensación para las provincias, sino entre comunidades autónomas».

Así, y como «instrumento relevante» para «posicionar a Castilla y León en la media de las comunidades y no en la cola, como está ahora», pidió un «posicionamiento de comunidad» para lograr una mayor cuantía de los fondos para lograr mayores inversiones en infraestructuras que pongan a Castilla y León «en la media de España».

«Este es realmente el tema que debatimos, y no una guerra entre las provincias», afirmó Cófreces, que lamentó que los criterios actuales de reparto del Fondo de Compensación Interterritorial «perjudican a Castilla y León» porque la población pondera un 87,5 por ciento cuando la Comunidad solo cuenta con el cinco por ciento de la población nacional, mientras que el territorio solo se tiene en cuenta un tres por ciento cuando «Castilla y León tiene casi una quinta parte de España».

Por ello, hizo un llamamiento a «luchar de forma conjunta para posicionar a Castilla y León», en el momento de mayor tensión en el debate al quejarse de los «gestos» de los miembros de la oposición a los que pidió «educación y respeto».

Por último, el procurador de Vox, Francisco Javier Carrera, pidió en primer lugar «no confundir el Fondo de Compensación Interterritorial con financiación de las comunidades» porque los primeros «se destinan a financiar gastos de inversión en territorios comparativamente menos desarrollados para proyectos o programas concretos», por lo que aunque «está bien que se piense que son insuficientes por la falta de reparto proporcional, lo que deberíamos preguntarnos es si son suficientes para superar la brecha entre comunidades», concluyendo que «a lo mejor hay que dotarse de otros medios para superar las diferencias entre territorios».

Al respecto, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, concluyó el debate recordando que pese a la «gran relevancia jurídico-constitucional» del Fondo de Compensación Interterritorial, su importancia económica es «residual» dada la cuantía «insuficiente» en comparación con una financiación autonómica que multiplica casi por mil la cifra que se destina en el fondo.

Por ello, y tras apuntar la idea de que este fondo «no tiene vocación provincializada, aunque pueda ser lógico aplicar criterios de convergencia interior», lamentó que el Fondo de Compensación Interterritorial «no hay cumplido su propósito» porque el legislador posterior al constituyente «le pudo dar una ambición mayor, pero no ha sido así».

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