La Junta no se fía del Ministerio y pide modificar el real decreto sobre la cotización de los alumnos en prácticas

La consejera de Educación, Rocío Lucas, reconoció hoy en Valladolid que la Junta de Castilla y León sigue con «preocupación» el tema de la obligación de que los universitarios y los estudiantes de Formación Profesional en prácticas en empresas estén obligados cotizar a la Seguridad Social a partir del 1 de octubre.

Pese a que los ministerios de Educación y de Universidades han anunciado que quedará en suspenso, con motivo de la convocatoria de las elecciones del 23 de julio, Lucas reclamó al Gobierno de España que apruebe una norma para que se paralice y no se aplique en el próximo curso. «Hasta que no haya un desarrollo normativo que lo paralice y se mantenga la situación actual, la preocupación sigue ahí», subrayó.

Tras la presentación de las novedades en los estudios de Formación Profesional y Régimen Especial para el curso 2023-2024 en el IES Ramón y Cajal de Valladolid, Lucas reconoció que la Junta ya expresó al Ministerio que hay dudas jurídicas en el caso de las prácticas FP con la norma actual.

La consejera reiteró la necesidad de que los alumnos hagan prácticas en las empresas, por que es parte formativa y están dentro del currículo. Eso sí, aseguró que el Gobierno no puede exigir mayor carga burocrática ni administrativa a la empresas para que acoja a los alumnos en práctica.

Temas

• Junta de Castilla y León
• Formación Profesional
• Educación