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Amilivia manifiesta en las Cortes que la administración electrónica es «un camino sin retorno; será electrónica o no será»
El presidente del Consejo de Cuentas aconsejó describir con más detalle la finalidad de los datos recopilados en los formularios de matrícula para incluir su uso para el alta en las plataformas de educación online
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, afirmó esta tarde en el Parlamento autonómico que «la administración electrónica es un camino sin retorno, es decir, la administración será electrónica o no será».
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En su quinta comparecencia del año en la Comisión de Economía y Hacienda, presentó dos informes sobre el uso de las nuevas tecnologías de la sociedad digital en el ámbito de las administraciones públicas subrayando que «la administración electrónica es una oportunidad no exenta de riesgos que las administraciones deben conocer y superar. Y ser conscientes de que hoy, esos riesgos, esas amenazas, deben ser neutralizados con carácter permanente». En base a ello, valoró el avance que están dando las administraciones locales de Castilla y León en un ámbito tan sensible y transcendental en las relaciones entre estas y la ciudadanía.
Privacidad de los datos
Amilivia presentó el informe que analiza las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación online utilizada en los centros educativos de la Administración autonómica durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021, y la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, trabajo realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas.
Dos fiscalizaciones que, destacó, han servido para diagnosticar desde una visión constructiva propuestas de mejora que permitan superar las debilidades detectadas en el uso de tecnologías digitales e informáticas y que consolidan la posición del Consejo de Cuentas entre los órganos autonómicos de control externo más avanzados en esta materia.
Administración electrónica en entidades locales
En esta línea, señaló que el informe sobre la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales, aprobado el 30 de diciembre de 2021, verifica cómo ejercen sus competencias las diputaciones en la prestación de servicios en esta materia a los municipios de menos de 20.000 habitantes y la aplicación de la normativa relacionada por parte de los ayuntamientos. Por otro lado, examina los programas presupuestarios destinados a la administración electrónica, analizando la transformación digital de los 7 ayuntamientos con población entre 10.000 y 20.000 habitantes (Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León; Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes, en la de Salamanca; y Benavente, en Zamora).
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El Consejo de Cuentas emitió 8 recomendaciones, 5 dirigidas a las diputaciones y el resto a los municipios. El informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2021, que incluye a todas ellas, refleja un elevado grado de aceptación por parte de las corporaciones provinciales y las entidades locales, bien corrigiendo carencias, aplicando parcialmente medidas o bien tomándolas en consideración.
Avance en la materia
Del análisis pormenorizado del cumplimiento de las recomendaciones, las diputaciones alcanzan un 90% en el grado de aceptación y los ayuntamientos un 72%, expresión del avance que se está produciendo en una materia que permite a todas las personas que se relacionan con las administraciones mayor rapidez y comodidad, evitando a los usuarios tiempos de espera, desplazamientos y horarios concretos, y permitiendo un acceso más sencillo a la información.
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Empezando con la comparecencia sobre la plataforma de enseñanza online, Amilivia anotó que el objetivo de este informe fue analizar las actuaciones llevadas a cabo por la Administración autonómica en este ámbito, en un curso marcado por la crisis de la COVID-19, que forzó el cierre de los centros.
La fiscalización analizó la regulación contenida en el contrato, convenio o acto jurídico utilizado como base para el uso de la plataforma, especialmente en cuanto a las herramientas que debe usar el prestador del servicio para garantizar la protección de la privacidad de los usuarios -fundamentalmente menores-. También se analizaron las medidas concretas de la Administración para la protección sistemática y constante de la privacidad de los usuarios de la plataforma, se comprobaron las medidas tomadas para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los interesados y se verificaron si las medidas adoptadas están alineadas con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
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Medidas de protección
En su exposición, indicó que la consejería está aplicando medidas de protección orientadas según la política de seguridad de la información y protección de datos de la Comunidad, que se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos. La política vigente en la Comunidad se aprobó en septiembre de 2021, por lo que durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 aún se encontraba en vigor la Orden de la Consejería de Hacienda de 2014 sobre política de seguridad de la información de la Administración autonómica, que dado su año de aprobación cumplía los estándares legales a esa fecha, pero no los actuales.
Con relación a la protección de los derechos del interesado, se concluye que los datos para el alta en las plataformas no se recaban específicamente para tal fin, utilizándose los proporcionados durante el proceso de matrícula en el caso de los estudiantes, y los procedentes del sistema de gestión de personal, en el caso de los docentes. En cuanto al Registro de actividades del tratamiento, la consejería ha elaborado uno disponible en la web de transparencia.
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