«En nuestro sindicato luchamos por una transición ecológica con justicia social»

Antonia Isabel Guerrero Jiménez, vicesecretaria general de Políticas Públicas en UGT Castilla y León, explica cómo impacta la transición ecológica en el empleo, entre otras cuestiones

«Pedimos una Ley autonómica de lucha contra el cambio climático que proteja tanto a la naturaleza como a la clase trabajadora»

Antonia Isabel Guerrero Jiménez, vicesecretaria general de Políticas Públicas en UGT Castilla y León

UGT Castilla y León está ejerciendo un papel protagonista hacia una transición ecológica con justicia social. Como explica Antonia Isabel Guerrero Jiménez, vicesecretaria general de Políticas Públicas, «hemos suscrito el III Acuerdo del Diálogo Social en materia de Transición Justa, informamos y formamos a delegados sindicales para que lleven propuestas a sus convenios y analizamos el impacto de la transición ecológica en el empleo, entre otras cuestiones».

–Cada vez oímos hablar más de transición ecológica, ¿cómo definiría este concepto y qué importancia tiene para Castilla y León?

–La transición ecológica no es una moda ni un simple cambio tecnológico, es un proceso imprescindible para frenar la crisis socioecológica y adaptarnos a los impactos de la contaminación, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático. Pero para nosotros tiene una condición fundamental: debe ser justa. Esto significa plantearla también en términos sociales y laborales. No podemos tolerar un peaje más derivado de las políticas climáticas que se sume a los que representan la despoblación, el envejecimiento o la falta de tejido productivo de muchas comarcas castellanas y leonesas. Por eso, defendemos que la transición se haga con derechos, con equilibrio territorial y con participación sindical.

–¿Por qué desde UGT Castilla y León insisten en que el cambio climático es también una cuestión social y laboral?

–Porque cualquier factor que afecte al medio ambiente impacta directa o indirectamente en el trabajo: el cambio climático afecta a la salud, a los sectores económicos, al empleo y a la vida en el territorio. Lo confirma la comunidad científica y también la experiencia de las personas trabajadoras que ven cómo aumenta la virulencia de los incendios forestales, se reduce la disponibilidad de agua, se empobrecen sectores como la agricultura o el turismo o crece el riesgo para quienes trabajan al aire libre. Es un escenario que agrava las desigualdades, sobre todo para los más vulnerables. Por eso hablamos de crisis socioecológica: cuando el medio ambiente está en juego también lo están los derechos y el bienestar de la ciudadanía y de la clase trabajadora.

–¿Y cómo se puede garantizar que la transición ecológica no deje a nadie atrás?

–La clave está en el diálogo social. Los cambios productivos y laborales que exige la lucha contra el cambio climático no pueden gestionarse de manera unilateral, ya que afectan a sectores económicos completos, a miles de personas trabajadoras y a territorios enteros. Los sindicatos, junto a las administraciones públicas y las organizaciones empresariales, debemos definir medidas que aseguren protección social, planes de reindustrialización, formación en nuevas competencias y empleos verdes de calidad. Cuando el diálogo social es el marco de referencia, la transición gana legitimidad democrática, transparencia y eficacia: es una cuestión de justicia social.

–¿Qué medidas concretas reclama UGT Castilla y León para lograr ese equilibrio entre medio ambiente, empleo y derechos?

–Pedimos una Ley autonómica de lucha contra el cambio climático que proteja tanto a la naturaleza como a la clase trabajadora. Reclamamos planes de adaptación en los municipios, más empleo verde ligado a la economía circular y a la conservación de la biodiversidad, planes de movilidad laboral sostenibles y que la negociación colectiva incorpore cláusulas ambientales y delegados de medio ambiente en las empresas. Lo resumimos en una frase que repetimos mucho: no hay empleo en un planeta muerto, pero tampoco puede haber transición ecológica a costa de precariedad y despoblación.

–¿Por qué es importante que los sindicatos incorporen la dimensión ambiental a la negociación colectiva?

–Porque la crisis socioecológica ya está transformando el trabajo y la producción. No se trata solo de reducir emisiones o contaminar menos, sino de garantizar que estos cambios se hagan con la participación de quienes sostienen la economía con su trabajo diario. La negociación colectiva verde supone que los convenios incorporen cláusulas ambientales: desde el derecho de las personas trabajadoras a la información y la formación, hasta la creación de delegados y comisiones medioambientales. Es una herramienta que vincula el derecho laboral con la sostenibilidad, mejora las condiciones de trabajo y también la salud y la calidad de vida de toda la comunidad.

–¿Cómo entienden ustedes el concepto de empleo verde?

–Un empleo verde no es cualquier trabajo vinculado a lo ‘ecológico’. Hablamos de empleos de sectores emergentes o tradicionales que reducen el impacto ambiental, protegen ecosistemas y ayudan a adaptarnos al cambio climático. Pero hay algo irrenunciable: no basta con que sean verdes, tienen que ser decentes. Es decir, con condiciones laborales dignas, estabilidad, representación sindical y protección social. De lo contrario, corremos el riesgo de que el empleo verde se convierta en un eslogan vacío mientras la precariedad sigue instalada en nuestras vidas.

–¿Qué oportunidades concretas puede generar el empleo verde en Castilla y León?

–Muchas y muy ligadas a nuestro territorio: gestión forestal sostenible, agricultura ecológica, turismo rural sostenible, economía circular o conservación de la biodiversidad, etc. Son empleos que cuidan el medio ambiente y pueden fijar población en el medio rural y generar futuro para muchas comarcas. Pero para que sea real, necesitamos formación adaptada a las nuevas competencias, diagnósticos territoriales de oportunidades y apoyo público decidido a apostar por el empleo verde y decente.

–¿Qué papel está jugando UGT Castilla y León y qué medidas reivindica para avanzar en este terreno?

–Un papel protagonista: hemos suscrito el III Acuerdo del Diálogo Social en materia de Transición Justa, informamos y formamos a delegados sindicales para que lleven propuestas a sus convenios y analizamos el impacto de la transición ecológica en el empleo, entre otras cuestiones. Queremos que las personas trabajadoras sean protagonistas de la transición ecológica, no simples espectadoras. Y pedimos a las administraciones que acompañen este esfuerzo con formación, diagnósticos territoriales y apoyo a los sectores más expuestos.