El PSOE propone permitir la eutanasia a discapacitados

Este «nuevo derecho individual» consiste en la muerte «directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata», y se aplicaría dentro de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, con financiación pública, a personas con la «nacionalidad española o residencia legal en España».

Con anterioridad, otros grupos parlamentarios, como Ciudadanos y Podemos, habían presentado, cada uno por separado, una proposición de ley para regular la eutanasia y la muerte digna, sin que salieran adelante en las votaciones parlamentarias. El PSOE, que no apoyó aquellas iniciativas, quiere diferenciar ambos conceptos. «La muerte digna sirve para dar dignidad a aquellos que van a morir», sostuvo Andrés Perelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE. «Pero hay gente que quiere que (la muerte) le llegue antes porque, sin saber exactamente cuándo va a morir, sabe que va a ser terrible por el diagnóstico de la enfermedad que padece».

A favor de la regulación de la eutanasia por medio de una ley está el 58,4% de la población, según una encuesta del CIS de 2009, mientras que en contra está el 10% de los encuestados. Por ideología, incluso los votantes del PP estarían de acuerdo con que los médicos practiquen la eutanasia, siempre que el paciente tenga «una enfermedad en fase terminal, que le causa grandes sufrimientos y que le causará la muerte en poco tiempo». Es precisamente ésta la situación con la que ha acotado el PSOE el derecho a morir de forma voluntaria y con asistencia médica. Pero ha abierto una grieta de interpretación al incorporar la «discapacidad grave crónica».

Siendo una cuestión de definiciones la diferencia entre unas propuestas y otras, el PSOE aclara que para que se considere una «discapacidad grave crónica» debe haber «invalidez de manera generalizada de valerse por sí mismo» en «actividades de la vida diaria», en su «capacidad de expresión y relación», con «sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables», que determina el propio paciente.

«No obliga a nadie, ni mata a nadie, sino que da derechos y cobertura legal para aquellos que quieren morir», asegura Perelló, para quien se trata de concebir «la muerte como parte de la vida».

La ley contempla también el amparo del personal médico. Por una parte, les exime de responsabilidad tanto si es quien administra la dosis letal «al solicitante», como si es quien prescribe la sustancia. En ambos casos, tiene la obligación de acompañarle «hasta el momento de su muerte».

El médico puede también negarse a practicar la eutanasia, y ejercer así su «derecho de objeción de conciencia». Estos profesionales sanitarios tendrán que justificar sus motivos por escrito y quedarán registrados como objetores en cada comunidad.

Los médicos podrán negar la eutanasia a un paciente que, consideren, no cumpla los requisitos contemplados en la ley. En ese caso, sea el paciente o sus familiares, podrán presentar una reclamación ante una comisión de evaluación.

En esta ley presentada por el PSOE, la eutanasia podrá practicarse en el domicilio particular y en centros públicos y privados, bajo un «manual de buenas prácticas». La causa de muerte será equivalente a una «muerte natural a todos los efectos, incluidos los relativos a los seguros de vida».