La reforma educativa del Gobierno prevé su implantación en tres fases

Un grupo de alumnos realiza uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad en Palma de Mallorca./EFE
Un grupo de alumnos realiza uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad en Palma de Mallorca. / EFE

La aprobación pondría fin a la «demanda social», el siguiente curso traería el Bachillerato con un suspenso, y desde 2020 cambiaría la Religión

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La reforma educativa que el Gobierno intentará que el Parlamento apruebe la próxima primavera, y que parte con el rechazo absoluto de PP y Ciudadanos, prevé su implantación en tres fases, según el anteproyecto de ley, aún en período de debate y sujeto a modificaciones. La norma, que de salir adelante derogaría la Lomce en su práctica totalidad, contiene unas 90 modificaciones, parte de las cuales se aplicarían nada más aprobarse, con un segundo paquete a implantar en el curso siguiente, y un tercero que entraría en vigor en los dos años posteriores (el curso 2020-21 y 2021-22, si saliese adelante antes del verano).

Los primeros cambios serían inmediatos; una realidad solo 20 días después de que la ley se publicase en el BOE. Las prisas se deben a que son los que introducen modificaciones en la planificación y admisión de alumnos en los centros educativos, proceso que empieza en primavera. Aquí estarían las disposiciones que liquidarán el concepto de «demanda social» que ha permitido a algunos centros concertados aumentar plazas a petición de los padres, las que darán «preferencia» en los conciertos a los centros con coeducación frente a los que segregan por sexo, y las que aumentarán los puntos de cara a la admisión a las familias monoparentales y a los hijos de víctimas de la violencia machista y del terrorismo. También será directamente aplicable el aumento de competencias de los consejos escolares y el cambio que da la mayoría a padres, profesores y alumnos en la elección del director.

El segundo escalón de reformas está orientado a aumentar las posibilidades de titulación de los alumnos y a tratar de reducir el altísimo porcentaje de repetidores. Si los planes del Ejecutivo se cumplen, estarían en vigor para el próximo curso. Sería el año en el que definitivamente desaparecerían las reválidas de ESO y Bachillerato de José Ignacio Wert, los pruebas externas de final de etapa sin cuya aprobación era imposible obtener ambos títulos, que nunca se han aplicado al estar paralizadas desde 2016. Tras el Bachillerato se mantiene una prueba de acceso a la universidad idéntica a la actual (con rediseño en 2021) y en sexto de la ESO se hará una evaluación sin valor académico en algunos centros de cada autonomía para diagnosticar el funcionamiento del sistema.

Las reválidas de Wert pasarían definitivamente a la historia en el primer curso de la nueva ley

Este también sería el curso en el que todos los alumnos de ESO tendrían un título idéntico, con independencia de las asignaturas cursadas, que servirá para continuar estudios tanto en FP media como en Bachillerato. De igual forma, el título de Bachiller, de manera excepcional, y si así lo considera justificado el equipo docente, se podrá conseguir hasta con una asignatura suspensa. También si los profesores creen que el alumno ha alcanzado las competencias adecuadas, los estudiantes que se titulen en FP Básica se graduarán de igual manera en ESO, por lo que podrán seguir estudios en FP media o en Bachillerato.

Esta segunda fase prevé que la repetición de curso sea la última opción, una medida a acordar por todo el equipo docente que obligará a que el centro diseñe un plan de refuerzo personalizado para este alumno, controlado por un tutor, para tratar de evitar nuevos fracasos. En la ESO los planes de adaptación curricular para intentar que el repetidor llegue a obtener el título se retrasarán a tercer y cuarto curso y en Bachillerato se les permitirá que repartan el ciclo en tres años.

Ética y Filosofía

La tercera y última etapa que contempla la reforma, si se cumple el calendario gubernamental, abarcaría los cursos 2020-21 y 2021-22. Se implantarían los cambios de currículo y de organización de los ciclos. De forma general, el 65% del horario se dedicaría a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas que fijaría el Estado (el 55% en las autonomías con lengua cooficial), dejando el resto al criterio de las comunidades y centros. Las autonomías con lengua cooficial fijarán la proporción de las lenguas a usar como vehiculares y en qué asignaturas.

En Primaria se volverá a la estructura de tres ciclos, con evaluaciones solo en 2º, 4º y 6º; en la ESO se terminarán los itinerarios que separan por asignaturas en 3º; se implantará la nueva FP Básica -con competencias generales y titulo en ESO-; y volverá a introducirse como obligatoria en 2º de Bachillerato la Historia de la Filosofía.

También llegará el cambio de la asignatura de Religión, que será de libre elección, no obligará a cursar materia alternativa alguna a quien no la elija, y su nota no contará para la media, para no afectar ni a las becas ni a la prueba de acceso a la universidad. En paralelo, se cursará como asignatura obligada Educación en Valores Cívicos y Éticos, que en Primaria podría estar ubicada en 5º o 6º y en la ESO, en 1º, 2º o 3º.

En el curso 2021-2022, de haber nueva ley, se comenzaría a realizar una evaluación sin valor académico a todos los alumnos al final de 4º de Primaria y 2º de la ESO. Su objetivo es diagnosticar el nivel de competencia de cada alumno y que el centro pueda diseñar planes de refuerzo específicos para los que lo precisen.

 

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