Los ayuntamientos duplicarán sus fondos para luchar contra la violencia machista

Los ayuntamientos duplicarán sus fondos para luchar contra la violencia machista

El Gobierno quiere tener aprobadas este año las reformas legislativas indispensables para aplicar un tercio de las medidas del pacto de Estado

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

Gobierno y comunidades autónomas cerraron hoy los acuerdos que han desatascado la puesta en marcha del pacto de Estado contra la violencia machista, que llevaba ocho meses rubricado y a la espera de financiación para desplegar sus efectos contra una lacra que ha costado la vida a 947 mujeres desde 2003.

La Conferencia Sectorial de Igualdad pactó por unanimidad devolver a los ayuntamientos sus competencias en política social y duplicar sus fondos para luchar contra la violencia de género con el fin de convertirlos en una punta de lanza contra esta lacra; acordó los criterios para repartir de inmediato los 100 millones adicionales de que dispondrán las comunidades para potenciar esta batalla; y Ejecutivo y gobiernos autonómicos, con representantes de todos los partidos, se comprometieron a empujar para que el Parlamento apruebe antes de que acabe el año todas las reformas legales indispensables para ejecutar un tercio de las medidas del pacto de Estado.

Los ayuntamientos españoles recibirán en breve los 20 millones que el pacto les reservaba en 2018 y el Gobierno ha anunciado que en 2019 duplicará su financiación adicional hasta los 40 millones. El objetivo es que, en coordinación con las autonomías, creen equipos multidisciplinares (unidades de apoyo) para la detección precoz de víctimas, su acompañamiento en la toma de decisiones -incluida la denuncia y el proceso-, su protección integral, y el acceso a las ayudas y prestaciones sociales que les correspondan. Estos equipos posibilitarán otra de las grandes novedades del pacto. Ya no será necesario interponer denuncia para lograr todos los derechos y protección que otorgan el ser reconocida como víctima de violencia de género. Ella y sus hijos tendrán asegurado un seguimiento y atención personalizadas tras un informe en tal sentido de los servicios sociales o sanitarios.

Pero para que los municipios puedan desempeñar este papel clave, el Consejo de Ministros aprobará el viernes un real decreto ley que les devolverá las competencias en servicios sociales, promoción de la igualdad, y prevención de la violencia de género y atención inmediata a las víctimas que les quitó en 2013 el PP con su reforma a la baja de la ley de régimen local.

Atención psicológica

Las autonomías acordaron repartirse los 100 millones del pacto según criterios poblacionales y territoriales, pero también según su porcentaje de paradas, discapacitadas, mayores de 65 años, inmigrantes, o de población rural o dispersa, que son factores de riesgo que agravan esta lacra.

Con este dinero, además de establecer junto a los municipios un sistema de acompañamiento de principio a fin a las víctimas, o de crear programas de cribado en atención primaria o campañas de sensibilización, reforzarán las unidades de valoración forense integral, claves para que los jueces puedan disponer de los mismos análisis de riesgos de los menores que tienen ahora de sus madres y tengan así base para tomar las medidas cautelares adecuadas para aislarlos del maltratador.

El real decreto que el Gobierno aprobará el viernes incorporará también una reforma urgente del Código Civil para que, cuando exista una sentencia firme o una causa penal por maltrato o abusos, los hijos puedan recibir atención y asistencia psicológica sin que sea precisa la autorización del agresor, como sí que ocurre ahora.

El plan de Gobierno y autonomías es que los partidos políticos se afanen, primero en el Congreso y después en el Senado, en sacar adelante todas las reformas legislativas imprescindibles para aplicar buena parte del pacto de Estado. La idea es que, para agilizar, se usen las proposiciones de ley que tienen ya en el Congreso los diferentes grupos y que sean redondeadas en el trámite de enmiendas.

Entre las reformas pendientes destacan la del Poder Judicial -para dar la formación de género precisa a todos los operadores jurídicos -, la de la ley integral -para reconocer como víctimas a todos los efectos a las mujeres a las que sus parejas asesinaron a sus hijos-, o la del Código Civil, para prohibir las visitas en la cárcel del padre condenado y suspender el régimen de visitas y la custodia compartida de los hijos a los matratadores.

Contenido Patrocinado

Fotos