España tendrá que reducir un 26% sus emisiones de CO2 para 2030
La propuesta de Bruselas reconoce las diferentes capacidades de los países miembros para tomar medidas al diferenciar los objetivos en los sectores de la agricultura, gestión de residuos, parte del transporte y vivienda acorde al PIB per cápita
agencias
Miércoles, 20 de julio 2016, 17:00
Los sectores no regulados bajo el régimen europeo de comercio de emisiones tendrán que reducir en España sus emisiones de CO2 hasta 2030 un 26% frente a las de 2005, según el reparto de esfuerzos propuesto hoy para la agricultura, la gestión de residuos, parte del transporte y la vivienda. Estos sectores, en los que está incluido el transporte que no sea la aviación, representaron casi el 60% de las emisiones totales de la Unión Europea (UE) en 2014, de acuerdo con la Comisión Europea.
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El Ejecutivo comunitario ha propuesto hoy los objetivos nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030, "basados en un reparto justo, solidario y eficiente desde el punto de vista de los costes y la integridad medioambiental", ha indicado en un comunicado. Todos los Estados miembros tienen sus propios objetivos nacionales y en común representan una reducción de la UE del 30% de las emisiones de CO2 con respecto a los niveles de 2005.
El Ejecutivo comunitario ha pedido a doce países un esfuerzo mayor que a España en términos del porcentaje de sus emisiones que les ha exigido recortar entre 2021 y 2030. Se trata de Luxemburgo y Suecia, que son los únicos a los que les ha exigido reducir un 40% sus emisiones; Dinamarca y Finlandia, que deberán recortarlas un 39%; Alemania, un 38%; Francia y Reino Unido, un 37% cada uno; Países Bajos y Austria, que deberán recortarlas un 36%; Bélgica, un 35%; Italia, un 33%, e Irlanda, un 30%.
Los ecologistas ven poco ambicioso el objetivo para España
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Los principales grupos ecologistas han calificado de "insuficiente y poco ambicioso" el objetivo de reducción de emisiones para España para el periodo 2021-2030. Para Mar Asunción, responsable del Programa de Clima y Energía de WWF, el hecho de que el año de referencia que se ha tomado para los cálculos sea 2005, cuando "España tenía el máximo de emisiones", podría suponer que "en lugar de reducir las emisiones las pueda incluso aumentar".
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En el mismo sentido se ha pronunciado Javier Andaluz, experto en Cambio Climático de Ecologistas en Acción, quien ha asegurado que el objetivo está "muy por debajo de lo que España como país enriquecido debería asumir", teniendo en cuenta además que el año de referencia "es muy favorecedor".
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Por su parte, David Howell, coordinador de políticas ambientales de SEO/BirdLife, ha señalado que el objetivo "no es exigente" y que la Comisión ya ha avisado a España "por no tener las políticas establecidas para cumplir con el objetivo actual hasta 2020".
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Ha recordado que los objetivos de reparto de esfuerzos para cada país propuestos por Bruselas abren la puerta a que los Estados hagan lo propio de manera interna y España "no tiene los mecanismos" para hacerlo. "Somos el país más vulnerable ante el cambio climático de toda Europa y tenemos que dejar de depender de las tecnologías contaminantes y peligrosas y apostar por liderar la lucha contra el cambio climático y convertirnos en un referente", ha añadido.
La propuesta reconoce las diferentes capacidades de los países miembros para tomar medidas al diferenciar los objetivos acorde al PIB per cápita, lo que implica que Estados miembros con más riqueza tienen metas más ambiciosas que los que tienen menos. No obstante, los líderes comunitarios consideraron que este enfoque podía significar para algunos países un coste relativamente alto para alcanzar sus objetivos. Para solucionar esta divergencia, se han acometido ajustes para un grupo de Estados miembros con un PIB per cápita por encima de la media de la UE, para reflejar la eficiencia de costes en una manera "justa y equilibrada".
Flexibilidades
En total nueve países miembros tendrán acceso a "nuevas flexibilidades" para alcanzar las metas de manera eficiente desde el punto de vista de los costes. En la práctica, esta fórmula les permite cubrir en un porcentaje algunas emisiones en los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) a través de derechos que normalmente hubieran sido subastados. El RCDE cubre la aviación y las grandes instalaciones de los sectores eléctrico e industrial.
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Otra flexibilidad incluida en la propuesta se refiere al uso del suelo y la tierra. A fin de estimular medidas adicionales en ese sector, la propuesta de la CE permite hasta 280 millones de toneladas de CO2 en créditos de ciertas categorías de suelo (praderas y cultivos gestionados y reforestación) para emplearlos por cada país miembro. Todos los países tienen acceso a estos créditos -en el caso de España un 1,3%-, pero el acceso a ellos es más grande para aquellos Estados miembros con un porcentaje más grande de emisiones por parte de la agricultura.
La CE ha presentado en paralelo otra propuesta para integrar el uso de la tierra y la silvicultura en los objetivos de reducción de CO2, de manera que las emisiones de la biomasa en la energía serán registradas y contabilizadas en los compromisos de cada Estado miembro de reducción hasta 2030.
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La propuesta requiere a cada país miembro a asegurar que las emisiones del uso del suelo registradas sean "enteramente" compensadas por una reducción equivalente de CO2 de la atmósfera mediante medidas tomadas en el mismo sector. Si un país miembro acomete deforestaciones, debe compensar las emisiones resultantes mediante la plantación de nuevos árboles (reforestación) o mejorar la gestión sostenible de los bosques, cultivos y praderas existentes.
La propuesta también incluye reglas para contabilizar las emisiones y las reducciones de manera estandarizada en los países.
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