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La secretaria general de la FeSP-UGTCyL, Carmen Ámez, analiza el Real Decreto por el que se fijan las bases para la implantación de las Unidades de Gestión Clínica en el ámbito de los servicios de salud.
UGT pide frenar en el Congreso las unidades de gestión clínica porque suponen la «ruptura total» del marco laboral

UGT pide frenar en el Congreso las unidades de gestión clínica porque suponen la «ruptura total» del marco laboral

El sindicato insiste en que abren la «puerta a la privatización» y alerta sobre los efectos en la calidad del servicio

ical

Jueves, 21 de julio 2016, 18:26

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La secretaria general de la Federación Empleados de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez, comunicó hoy que el sindicato ha enviado cartas a todos los partidos políticos para que paralicen en el Congreso de los Diputados el Real Decreto sobre unidades de gestión clínica, ya que insistió en que suponen la «ruptura total» del marco laboral de los profesionales de la sanidad pública. Además, aseguró que abren la «puerta a la privatización» y alertó sobre los efectos que tendrán en la calidad del servicio.

Asimismo, Ámez aseguró que la Junta de Castilla y León espera la aprobación de esta norma estatal, que fue revisada por el Consejo de Estado en su reunión del 7 de julio, para impulsar la constitución de estos órganos en la Comunidad. De hecho, el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, avanzó en el Debate sobre Política General de la Junta, celebrado a finales de junio, que este año se pondrían en marcha un total de 15, si bien en la presentación del IV Plan de Salud elevó esta cifra hasta las 20.

La dirigente de UGT aseguró que están «muy preocupados» y añadió que los empleados públicos de Castilla y León contarán con el apoyo y respaldo del sindicato ya que sostuvo que la mayoría se oponen a la creación de estas unidades. En su opinión, Carmen Ámez advirtió de las diferencias que existen en este modelo en las diferentes comunidades autónomas y aseguró que en la Comunidad la Junta pretende que los profesionales se conviertan en «cómplices» de los recortes en recursos económicos y humanos.

Asimismo, la ugetista rebatió los argumentos de la Consejería de Sanidad sobre este modelo de gestión clínica, ya que aseguró que la participación y autonomía de los profesionales ya existe y añadió que para mejorar la calidad del servicio es necesario destinar más fondos. También recalcó que no permitirá garantizar la sostenibilidad del sistema público, ni su suficiencia, para lo que pidió que se dote de la financiación necesaria y se revise la cartera de servicio de las distintas autonomías para que sea homogénea.

Además, rechazó que favorezca la equidad y la cohesión y demandó más transparencia e intervención de los profesionales. Al respecto, la dirigente sindical sostuvo que las dos unidades que como proyecto piloto se abrieron en la Comunidad -el servicio de cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el de salud mental de Zamora- no han demostrado ningún beneficio respecto al resto de departamento de su misma especialidad.

Dudas

Ámez expresó un gran número de dudas sobre las unidades de gestión clínica, que a su juicio no se resuelven en el proyecto de Real Decreto y tampoco en la normativa autonómica, que recordó se judicializó al no pasar por la mesa sectorial. La dirigente sindical aseguró que las unidades, según la regulación estatal propuesta, contarán con el mismo presupuestos, los mismos profesionales y no supondrán un sobrecoste, aunque los trabajadores reciban incentivos. Aseguró que con la misma dotación se detraen fondos para estimular a los empleados, lo que a su juicio perjudicará la calidad.

También criticó que los directores de las unidades se elija como cargos de libre designación, sin respetar el principio de mérito y capacidad y añadió que además podrán seleccionar a los profesionales que consideren sin tener que seguir el orden de las bolsas de empleo. Además, insistió en que la evaluación se deja en manos de la comunidad al no establecer unos criterios comunes y que se permiten alianzas con otras entidades que no pertenezcan a la sanidad pública.

Ámez advirtió de que estas unidades pueden seleccionar a los pacientes o sus patologías para garantizar el cumplimiento de los objetivos, lo que recalcó afectará a la calidad del servicio de salud, un «bien público», que señaló es «universal». También recordó que su voluntariedad no es tal a la hora de abandonar el modelo , que recalcó es el «resultado» de una ideología y no una demanda de la sociedad.

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