El Ayuntamiento de Ponferrada no ejecutará hasta septiembre la sentencia del TSJCyL que anula la adjudicación a FCC del contrato de basuras

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, en la comparecencia donde hizo pública la sentencia del TSJCyL./
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, en la comparecencia donde hizo pública la sentencia del TSJCyL.

La alcaldesa asegura que los autos que reclaman su ejecución llegarán en ese mes al consistorio que estudia como ejecutarla de la forma "menos gravosa" para las aercas municipales

E. JIMÉNEZ / C. RAMOS PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada no ejecutará hasta septiembre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la adjudicación a la empresa FCC del contrato de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines al no haberse respetado el principio de igualdad entre las partes. Una sentencia que ha resuelto finalmente el recurso de apelación presentado por Urbaser, compañía que concurría también al proceso para hacerse con el servicio.

La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, considera que dado el mes de julio es inhábil a nivel judicial será precisamente en septiembre cuando se esperan los autos del juzgado que requerirán el cumplimiento de la sentencia. Un proceso que adelanta que se hará de la forma que sea menos gravosa para el Ayuntamiento.

"Estamos estudiando, creemos que hasta septiembre no vendrá la ejecución porque ya nos metemos en los tiempos judiciales, el mes de julio es inhábil y me imagino que en septiembre nos requerirán ese cumplimiento, llegarán aquí los autos y hay que estudiar ese cumplimiento de la forma menos gravosa posible para el Ayuntamiento de Ponferrada", explica la regidora.

Merayo ha señalado, en este sentido, que el Ayuntamiento estudia ya la fórmula en la que se dará cumplimiento a la sentencia del TSJCyL que anula la adjudicación del contrato a FCC. Todo ello teniendo con el fin de que tenga las menores consecuencias para la economía municipal.

"Eso es lo que estamos estudiando porque un pleito normalmente no se acaba con la sentencia, luego viene la ejecución y la ejecución casi siempre es susceptible de distintas interpretaciones, entoces lo que vamos a intentar es que sea el menor quebranto para las arcas municipales", indica.

La alcaldesa reconoce que el Ayuntamiento vive una situación de "inseguridad jurídica permanente" derivada de los problemas heredados por las adjudicaciones de servicios realizados por el anterior equipo de gobierno del bipartito encabezado por Samuel Folgueral, dado que durante el primer año de mandato del PP son un constante las sentencias en contra del Ayuntamiento que están ocasionado un importante desembolso a las arcas municipales.

"Esa inseguridad jurídica permanente no es buena porque hay que decirlo, desde que he llegado aquí hace un año siempre decimos ¿y ahora qué más? Cuando pensamos que más puede venir pues vienen más cosas y no es bueno que tu ayuntamiento esté con el alma en vilo pensando qué reclamación, qué nueva deuda, a cuánto va a ascender el nuevo golpe, porque hoy en día en un Ayuntamiento como el de Ponferrada tenemos un presupuesto de 55 millones de euros consolidado y está todo muy tasado y golpes de un millón, de dos millones, ya no digo de contratos anulados por 122 millones o reclamaciones de 3,5, esto no es bueno", apunta Gloria Merayo.

"Vamos a salir adelante"

Desde el equipo de gobierno se muestran convencidos, no obstante, de que "vamos a salir con ello adelante" y con el apoyo de los grupos políticos excepto USE y PRB. "Yo digo que hay que confiar y entre todos, también digo que estamos teniendo el apoyo de los grupos, a excepción de dos (USE y PRB), se les informa de lo que está llegando y cada uno con su idea pero estamos teniendo el respaldo del resto. A ver si entre todos somos capaces de solventar estos problemas que nos han dejado", subraya la regidora.

El contrato adjudicado por el bipartito a FCC, "uno de los mayores de la historia de Ponferrada", según resaltó la alcaldesa, se firmó por un plazo de 17 años, prorrogable a otros tres, y por un importe de 122 millones de euros. La ejecución de la sentencia del TSJCyL obligará al equipo de gobierno a reiniciar de nuevo el proceso.