Presupuestos: «no pre-supuestos»

Tal y como establece nuestro querido artículo 134.4 de la CE: «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos» y en vista de los últimos ejercicios, parecía augurarse para este final de año una prórroga inminente de los Presupuestos de 2020, o tal vez de 2019, si no miento y eran los de 2018; cuando de aquella todavía estaba Montoro como Ministro de Hacienda.

Parece inaudito que un Congreso de los Diputados, en el que todos sus miembros son representantes de la soberanía nacional, veladores del bienestar de todos los españoles, personas de buen hacer y capacitados para ejercer su cargo, no fueran capaces de concluir la tramitación de unos PGE en más de una ocasión. Materia que por ser la hoja de ruta económica-política del Gobierno para un nuevo año en España, merece especial atención y requiere de un esfuerzo (que a día de hoy esperemos existente) por cerrar su tramitación con cifras lógicas y proporcionales a la situación que atraviesa el país.

El Consejo de Ministros aprobó recientemente el Proyecto de Ley de los PGE para 2021, pero es su correspondiente remisión a las Cortes Generales (para su enmienda y aprobación definitiva) la verdadera problemática del asunto. Si el Gobierno de Pedro Sánchez obtuviera el apoyo suficiente de las Cámaras gracias a los votos de partidos simpatizantes; como bien son Unidas Podemos y otros ubicados en la ideología separatista, podría aprobar exitosamente los PGE del 2021. Sin embargo, una cerrada en banda de alguno de estos partidos, sumado a la posible repulsa de la oposición, bloquearía la aprobación de los Presupuestos y el consiguiente recurso a la prórroga de los anteriores.

El Covid-19 es responsable del establecimiento de un techo de gasto récord, de 196 mil millones de euros. Esta cifra aterroriza las cuentas bancarias de los españoles y los fondos de la UE, pues se verán estos mermados para conseguir la financiación necesaria para hacer frente a los gastos mareantes citados.

El artículo 134.4 de la CE no debería ser un recurso habitual, es más, debería ser el broche final a situaciones excepcionales donde no quedase mayor remedio que su aplicación. En la actualidad se ha convertido en una rutina, y ¿cómo los Presupuestos Generales del 2018 van a responder a un lapso temporal de 3 años sumado a una recesión económica sin precedentes? No demasiado bien siendo generosos. Porque parece impensable que esos Presupuestos (elaborados en el momento y situación que transcurría el año 2018) se adapten a las circunstancias, peculiaridades y necesidades que tendrán los españoles en el 2021 (un año marcado por la pandemia y la deuda pública que contraerá España).

Como no hay por dónde cogerlo y ya que es frecuente la práctica de prorrogar los Presupuestos, debemos hacer un llamamiento a la profesionalidad y responsabilidad de los integrantes del Congreso. El problema no es la fragmentación ideológica de los ciudadanos transmitida al Congreso en escaños (que parece ser la excusa que ponen algunos ante la falta de acuerdos), sino la incompetencia de quienes en su deber y obligación de acercar posturas para favorecer una negociación óptima de los Presupuestos no la llevan a cabo, echan balones fuera exculpándose de todo los que les afecte desde la crítica a su labor política y como es costumbre: «pagamos justos por pecadores».

¿Será el contenido del artículo 134.4 de la CE apto para prevenir situaciones controvertidas y tener un efecto garantista? ¿O merece una reforma constitucional porque en realidad la mayor garantía que se puede ofrecer a la ciudadanía sería obtener PGE nuevos, improrrogables y confeccionados cada año para favorecer su adaptación a la realidad actual? Ambas cuestiones se me pasan por la cabeza, ya que si no es posible confiar en el trabajo, conducta y buena fe del político, quizá resolveríamos el problema limitando su actuación con la exigencia y no posibilidad de elaborar siempre los Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de enero. Por desgracia, a día de hoy, lo planteado anteriormente parece impracticable. Dada la situación que atravesamos es prioritario centrar los esfuerzos en revertir la pandemia y no invertir el tiempo (o perderlo) en reformar artículos de la Constitución; lo que requiere de la atención de de las dos Cámaras. Yo no cerraría la puerta a esta opción, deposito mi fe en ella por los enormes beneficios que estoy convencido que reportaría a la ciudadanía, pero eso sí, en otro momento y siempre que las circunstancias acompañen.

Un consenso plausible que deje de lado los intereses partidistas, espurios y deleznables cuanto menos han venido siendo en el devenir de los acontecimientos, sería la forma más rápida y efectiva de obtener los ansiados Presupuestos Generales. Traerían consigo un atisbo de esperanza a la recuperación económica española y sosegarían la ansiedad de la opinión pública por verlos resueltos con la normalidad y eficacia requeridas en la debacle financiera en que nos hallamos.