León puede superar la crisis tras el Coronavirus

Tenemos la suerte de vivir en una provincia extensa, variada y con un potencial increíble. Nuestros pueblos pueden ofrecer un modelo de vida sostenible, como uno más de los instrumentos para paliar la despoblación. Vemos el ejemplo de Madrid, una ciudad tan poblada, tan saturada, donde vive más gente de la que cabe y donde la pandemia, como en otras grandes urbes, ha sido más dura debido al sistema de vida que hay en ellas: atascos, aglomeraciones, bolsas de trabajo precario, escasez de medios sanitarios por políticas tacañas o pobreza en barrios donde las calles no tienen nombre de conquistadores. Las zonas rurales necesitan gente y es el mejor momento para facilitar la residencia en ellas, aunque sea temporal, a aquellos que se quieren quedar o a los que quieran regresar o venir por primera vez, que hay de todo.

Ofrezcamos a esas concentraciones de población del centro y de la costa mediterránea la posibilidad de venir a nuestro campo. Pero hagámoslo bien, aseguremos que esos nuevos moradores van a tener una sanidad decente con medios suficientes, un transporte sanitario en caso de urgencia, una educación moderna y con equipamientos digitales, una asistencia social a los mayores y necesitados con una cobertura pública que en nada se parezca al actual sistema que permitió que el virus se cebara en ellos por la ausencia de control administrativo y por culpa del negocio fácil. Desconcentremos los grandes núcleos de población, que por sus características son de difícil gestión, crean muchas y grandes desigualdades y se convierten en agujeros inhumanos para los más pobres.

Pensemos ahora en nuestra provincia y en los tres sectores que creo prioritarios sin menospreciar a los demás, por supuesto.

Comienzo por el sector rural propiamente dicho, el de la agricultura, la ganadería, el ámbito forestal y el turístico, todos idóneos para fijar población. Todos los eslabones de la cadena alimentaria han sido ejemplares en este estado de alarma, pero el sector productivo, su transporte y la distribución en tiendas y supermercados, lo son de modo categórico. Precisamente los trabajadores peor pagados de la sociedad, los productores que ven como sube el precio de lo que compran y como se mantiene o baja el de sus cosechas, además de la dificultad de encontrar mano de obra para recogerlas o de ser acusados injustamente de provocar la subida de algunos alimentos. No olvidemos tampoco a los trabajadores del transporte con salarios bajos o los empleados de tiendas y supermercados.

 De nuevo, el sector agropecuario ha demostrado que sabe adaptarse a las crisis de todo tipo y que sabe salir de ellas sin perder mucho en esa gatera que le impone la especulación y los intermediarios que comercian con sus productos.

El futuro del campo leonés pasa por una industria agroalimentaria vinculada a las explotaciones o integrada en ellas, desde El Bierzo a Riaño o desde Babia a Gordoncillo, pero que se procesen aquí. Las administraciones deben fomentarlo y ayudarles a que los productos sean transformados en su origen, envasados aquí y vendidos de forma global, pero con prioridad en las cercanías. Que nuestros productos no necesiten viajar mucho.

En segundo lugar, la transición ecológica, estrechamente vinculada con el sector rural. El Gobierno ha dado a este ministerio una posición preferente en la reconstrucción y el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sus objetivos están pensados para provincias como esta: neutralidad de emisiones a 30 años, con la reducción de las mismas en un 20% y coches con etiqueta cero en 2040, un sistema eléctrico 100% renovable, energía renovable en un 35% en 2030, movilidad y transportes sostenibles, puntos de recarga en los edificios, etc. La apuesta del Gobierno es clara, la transición ecológica y justa de la economía debe ser la base para asentar la reconstrucción de España, que debe comenzar ya.

En esta línea, la Unión Europea propone el llamado «Pacto Verde» como marco para abordar las inversiones. Se pretende movilizar 200.000 millones de euros (30% públicos), para crear 350.000 puestos de trabajo del llamado empleo verde.

En ese pacto, la Política Agrícola Común (PAC) será la más beneficiada, especialmente el Desarrollo Rural: inversiones en infraestructuras de regadíos, pagos por productividad o pagos condicionados.  La Comisión Europea quiere reconocer a la PAC como instrumento de seguridad alimentaria y dar a la actividad forestal la capacidad de sumidero de CO2. León tiene mucho terreno forestal y no es de ahora, ya lo era en la época de la desamortización de Madoz.

Todas estas acciones en León son vitales y afectan a muchas explotaciones familiares. El objetivo de la PAC es materializar ese Pacto Verde con la meta temporal de 2050. Se trata de alcanzar el 25% de cultivos ecológicos, reducir el uso de pesticidas por fases, y el de antibióticos en los animales y la acuicultura, pero centrado en tres pilares: la descarbonización, la digitalización y la resiliencia. En este sentido, León debe ser un beneficiario destacado de los fondos destinados a cerrar la brecha digital, el internet en los pueblos con servicios parecidos a los que se disfrutan en una ciudad y hasta donde llegue la técnica.

Fuimos zona minera mucho tiempo y hemos dejado de serlo, debemos pasar de explotar la naturaleza a convivir en paz con ella, respetándola y usando sus recursos de modo sostenible para que no se agote por el abuso, por ello se habla de desinvertir en combustibles fósiles. La gestión de nuestro rico territorio leonés y de los importantes recursos naturales de nuestra provincia debe girar en torno a políticas globales: agrarias, pesqueras, forestales, energéticas, de agua, comercio, transporte, turismo, etc.

Con dicha ley el Gobierno pilotará el impulso de la acción pública sin olvidar la inestimable ayuda cómplice del sector privado. Ambos imprescindibles en esta lucha.

Y, por último, el sector público con el colectivo de empleados públicos, que en León tiene una elevada importancia numérica, provincia productora y exportadora de empleo público por toda la geografía nacional. Suele decirse «sobran funcionarios», no lo creo. Ha quedado probado en la crisis del COVID-19, que no sobran ni médicas ni enfermeros, ni policías ni militares, ni sobran educadores, ni empleados que se ocupen de la burocracia como garantía de objetividad, hacen falta muchos. Así lo ha manifestado el Gobierno de Pedro Sánchez cuando propone modernizar la administración y aumentar la oferta de empleo público. Para el buen funcionamiento de un Estado moderno son imprescindibles unos servidores públicos con la preparación que los ciudadanos se merecen. ¿Qué habría sido de España sin ese potencial de sanitarios?, ¿Qué habrían hecho los falsos patriotas que privatizaron parte de la sanidad?

Y para todo ello, para comenzar a reconstruir lo que solo tres meses y un virus han sido capaces de destruir, llega la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el parlamento español, un órgano plural que necesita la unidad de todas las fuerzas políticas para lograr su objetivo, volver a la normalidad lo más parecida posible a la que había en febrero. Alguna fuerza política quiere autoexcluirse renunciando al futuro, al suyo y al de todos. Insto a los parlamentarios de esta provincia a que practiquen la religión, palabra que procede del latín «religio», unir o ligar fuertemente. Que la oposición se una a este objetivo, porque no es una opción, no es una alternativa, simplemente está obligada. Juntos defenderemos las inversiones necesarias para el progreso de la provincia de León, con el fin de superar la crisis sanitaria más dura de la historia reciente