El Constitucional, un hervidero

El Tribunal Constitucional ha sido víctima de la adulteración parlamentaria que también padece el Consejo General del Poder Judicial, que consiste en aplicar a la elección el sistema de cupos, que me apresuro a explicar. El art. 159 C.E. especifica que «El TC se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro, a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos, a propuesta del Gobierno; y dos, a propuesta de Consejo General del Poder Judicial. Pues bien: los miembros designados a propuesta del Congreso y del Senado no reúnen por sí solos el apoyo de los tres quintos de cada cámara; los grandes partidos –hasta hace poco el sistema era cuasi bipartidista– designan para tales cargos a personas de su total confianza, e intercambian los votos con sus adversarios. Lo habitual ha sido que el PP y el PSOE sumasen sus votos para entronizar juntos a un afín a cada uno de ellos. De este modo, el TC, que teóricamente debía estar formado por personas no sujetas a ligazones ideológicas, se ha convertido en un trasunto del Parlamento, y está formado –decimos los medios– por jueces del PP, del PSOE, etc. Y en los análisis se utilizan conceptos como sector conservador o sector progresista. Las propias etiquetas expresan la deformación en que se ha incurrido.

El Tribunal Constitucional ha estado formado muy mayoritariamente por juristas destacados, por lo que este fenómeno se ha atenuado gracias a la dignidad y al pudor de sus miembros, pero a pesar de ello la manipulación política ha sido una constante, que en determinados periodos –el de elaboración de la reforma del Estatuto de Cataluña– fue simplemente escandaloso. Podría decirse que la cúpula de la judicatura se ha plegado con demasiada facilidad al statu quo.

Ahora, en este periodo traumático de nuestro devenir, en que la inestabilidad inherente a un cambio de modelo –estamos asimilando aún el pluripartidismo– se ha sobrepuesto a la mayor contrariedad sanitaria de que haya memoria, con decenas de miles de muertos, parece que el Constitucional ha vuelto a ser un hervidero, en el que resultará muy dificultoso resolver pacíficamente recursos como los que afectan a la llamada «ley mordaza» o a la sentencia del «procés». Se lee que hay movimientos internos tortuosos que estarían relacionados con asuntos de gran repercusión política, como los recursos presentados por PP, Ciudadanos y Vox contra la forma en que 29 diputados prometieron acatar la Constitución en la sesión constitutiva del Congreso (el caso afecta a todos los diputados de ERC, JxCat, Bildu y la CUP y a cuatro de UP).

El tribunal debió haber sido renovado en noviembre (el mandato de los electos dura nueve años y ha de ser renovado por tercios cada tres), y ahora circula el rumor oficial de que podría intentarse la renovación de los órganos constitucionales en la segunda quincena de julio (PP y PSOE reúnen 208 diputados, a dos de los tres quintos de la cámara). En todo caso, podemos dar por seguro que no se cambiará el sistema, por lo que se mantendrá el viciado sistema de cupos.

Tenemos sin embargo ante nuestros ojos lo que sucede en los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo, que desempeña funciones de Tribunal Constitucional, está formado por ocho jueces y un presidente que son nombrados por el jefe del Estado (y confirmados mediante el «consejo y consentimiento» del Senado) y sólo pueden ser removidos mediante un complicado proceso de «impeachment«. Para entender la independencia que aporta ese carácter vitalicio, es reseñable que el último magistrado designado por Trump, Neil Gorsuch, no sólo ha apoyado la sentencia que reconoce al colectivo LGTB todos sus derechos en el mundo laboral sino que ha sido el ponente de la sentencia; una sentencia que los republicanos, que tienen teórica mayoría en el tribunal, han perdido por seis votos a tres.

Nosotros seguiremos con el modelo hipócrita de que nos hemos dotado, a menos que una reacción valiente consiga movilizar al país y llevarlo hacia una constructiva reforma constitucional que enmiende este y algunos otros despropósitos. Pero no están los tiempos para tales perfeccionismos.