Vox volverá a pedir la cualificación del personal de los equipos contra la violencia machista

El portavoz adjunto de Vox Rodrigo Alonso./EP
El portavoz adjunto de Vox Rodrigo Alonso. / EP

El Parlamento no llegó a admitir la propuesta porque vulneraba la ley de protección de datos

CECILIA CUERDOSevilla

Vox continuará su batalla para denunciar la «ideologización» de los trabajadores de las unidades de violencia de género en Andalucía. Después de que la mesa del Parlamento autonómico rechazara debatir siquiera acerca de su petición al vulnerar la ley de protección de datos, la formación de ultraderecha ha adelantado que volverá a reclamar la cualificación de la plantilla, aunque esta vez sin pedir nombres y apellidos, como plantean los letrados de la Cámara y le sugirió el PP, que dijo estar dispuesto a apoyar la petición siempre que «sea legal».

La petición de Vox, que causó un enorme revuelo en contra en las redes sociales, no fue admitida a trámite dado que los servicios jurídicos del Parlamento se pronunciaron acerca de su inconveniencia por vulnerar la normativa de protección de datos. La formación, no obstante, rechazó en la reunión del órgano de gobierno de la Cámara reformular su escrito para eliminar la referencia a la identidad de los trabajadores, como le sugirieron desde PP y Ciudadanos.

Sin embargo, minutos después, el portavoz adjunto de la formación ultraderechista Rodrigo Alonso, reconoció que volverán a la carga para pedir solo datos referidos a la trayectoria profesional y la colegiación. «Nos ponen la excusa de los nombres», dijo, «si ese es el problema, nos plantearemos reformular la solicitud para saber si quienes ostentan esas responsabilidades están suficientemente preparados o no, no queremos permitir que cualquier persona no capacitada para elaborar un documento pericial lo realice».

Alonso señaló que su propuesta «no debe llevar a la alarma porque no atenta contra nadie», insistiendo en la tesis de intentar determinar si los empleados del servicio de atención a las víctimas tienen formación en la materia o, como sostienen desde la formación de ultraderecha, son «agentes puestos por una ley que discrimina y adoctrina». Es una tarea, dijo el portavoz adjunto, «que no debe hacerla cualquiera», por lo que insistió en que les valdría con conocer la titulación y experiencia de dichos trabajadores. «El lado feminista ha reclamado que se hagan públicos los nombres y apellidos de los maltratadores, algo que nos parece razonable, pero nosotros solo pedimos saber si están cualificados quienes trabajan ahí, no queremos meternos en la casa de nadie», abundó.

En este sentido, Alonso apuntó que la valoración sobre esa capacitación podría recaer en el Consejo General de los Psicólogos, que en varias ocasiones han reiterado que se trata de funciones que deben hacer peritos especializados, pero en muchas regiones, como Andalucía, «se prima el valor económico y lo más barato». El inductor de la propuesta, Francisco Serrano, llegó a asegurar este fin de semana en sus redes sociales que las valoraciones en las unidades contra la violencia machista se habían contratado a tasadores inmobiliarios.

Tras conocer la negativa del Parlamento, Vox reprochó en sus redes sociales, su vía de comunicación oficial, que ni Ciudadanos ni PP, su aliado de investidura, hayan querido apoyar su propuesta, advirtiendo que ellos sí seguirán adelante para «levantar las alfombras de los chiringuitos de género». En este sentido, desde el PSOE andaluz, su secretaria general Susana Díaz lamentó que si no hay una respuesta «contundente y clara» por parte del Gobierno andaluz, la formación ultraderechista seguirá con sus intenciones de recortar derechos y realizar «purgas, listas negras y persecuciones. «La cabra siempre tira al monte y que nadie espere que la extrema derecha deje de ser xenófoba, racista y homófoba o que deje de justificar la violencia contra las mujeres. Ellos son así porque lo llevan en el ADN», apuntó.