Torra se niega a retirar los lazos de la Generalitat y desafía a la junta electoral

Porque además de negarse a descolgar los lazos y las pancartas, Torra se dirigió por carta a la Junta Electoral para hacerle llegar una serie de alegaciones y pedirle que «reconsidere» la orden de retirada de los símbolos soberanistas. Esgrimió la «dificultad legal» que, a su juicio, supone cumplir con el requerimiento dada la «multitud de edificios públicos» que hay en todo el territorio de Cataluña, «muchos de los cuales no son gestionados directamente por la Generalitat».

Sonó a excusa. Porque, por ejemplo, el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume, está bajo su entero control y nadie dio la orden de descolgar la pancarta que hay en la fachada con el lema «Libertad presos políticos y exiliados», en catalán e inglés, junto a un lazo amarillo. Colocar esa pancarta fue la primera medida de Torra nada más llegar a Govern. Además, aseguró que entre sus «funciones» como presidente de la Generalitat está «respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos».

En relación a que la 'estelada', que según la orden de retirada es un símbolo partidista, adujo que la Cámara catalana aprobó una resolución que afirmaba que la bandera independentista es un símbolo que representa un anhelo de libertad y «no consta ninguna institución del Estado que haya cuestionado esta resolución».

Sobre la presencia de lazos amarillos, el jefe del Ejecutivo puso de relieve «la contradicción» que su juicio supone la prohibición de su exhibición a fin de mantener la neutralidad política pues a su entender se está «favoreciendo» los postulados de los partidos que fomentan su retirada.

La orden de la junta electoral era firme en la vía administrativa. A partir de ahora pueden darse nuevas reclamaciones contra Torra por incumplimiento y recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Se trata de la primera decisión de Torra que le sitúa al borde de la desobediencia y del territorio penal. Desde que en mayo del año pasado, fue investido presidente de la Generalitat ha amagado varias veces con cruzar el Rubicón de la legalidad, incluso ha amenazado con impulsar una nueva declaración unilateral de independencia, pero hasta la fecha no había pasado de la amenaza retórica.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, advirtió horas antes a Torra de que si se negaba a retirar los lazos amarillos, estos «se quitarán y desaparecerán, iniciándose un proceso sancionador», ya que la ley está para cumplirla. Así, días antes de las elecciones catalanas del 21-D de 2017, la junta electoral emitió una orden similar y requirió la entrada de los Mossos a las Consejerías para retirar los lazos amarillos que habían colocado los funcionarios. La imagen podría repetirse en esta ocasión.

La no retirada podría acarrear multas de hasta 3.000 euros para el 'Govern'. Fuentes de la Junta Electoral recordaron el martes el caso de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, de la CUP, condenada a una inhabilitación de seis meses por negarse a quitar la 'estelada' de la fachada del consistorio durante la campaña electoral de 2015.