Sánchez replica al presidente catalán que deberá acatar la sentencia del 1-O

Pedro Sánchez y Stefan Lofven. /Afp
Pedro Sánchez y Stefan Lofven. / Afp

El Gobierno no ve más cerca la aplicación del 155 tras el discurso de Torra y apuesta por una política de puentes tendidos

Nuria Vega
NURIA VEGAMadrid

El Gobierno está decidido a mantener su apuesta por la distensión con Cataluña, aunque eso le obligue a abstraerse de la «retórica inflamatoria» del independentismo. Ese fue el ejercicio que practicaron ayer los miembros del Ejecutivo tras las últimas intervenciones públicas de Quim Torra. En la Moncloa no parecen dar crédito a las insinuaciones del presidente de la Generalitat sobre un futuro desacato si el Tribunal Supremo condena a los dirigentes secesionistas. Pedro Sánchez examinó, de hecho, las palabras exactas empleadas por el líder catalán -«no aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución»- y se limitó a recordarle que en España las resoluciones judiciales se cumplen.

No fue más lejos en la interpretación del discurso de Torra ni recurrió a advertencias. El jefe del Ejecutivo se limitó a señalar cuál es el límite: «Yo le diría que este es un Estado Social y Democrático de Derecho y que lo que tenemos que hacer los gobernantes, aunque no se compartan las sentencias, es acatarlas, porque eso es lo que nos define en la convivencia». Pero en el Gobierno no ven hoy más cerca que ayer una aplicación del artículo 155 de la Constitución y mantienen su intención de no dejarse llevar por «bravatas».

La vicepresidenta, Carmen Calvo, quiso dejar claro que esto no significa que en la Moncloa hayan «bajado la guardia» y garantizó en una entrevista en RNE que son conscientes de cuándo deberá reaccionar. «Pero el Gobierno -añadió- quiere llevar a sus últimas consecuencias el diálogo». La llamada a reconstruir puentes fue constante durante toda la jornada.

«Tenemos una clara vocación de resolver desde la política esta crisis y apelamos a que el presidente de la Generalitat abra una gran conversación entre nacionalistas y no nacionalistas en el seno del Parlamento de Cataluña, que desgraciadamente permanece cerrado en septiembre», reclamó Sánchez de visita oficial en Estocolmo, Suecia. El presidente instó, además, a actuar en Cataluña con «mayor responsabilidad y menos gesticulación» porque, reiteró, lo que está en juego es la «convivencia».

No hubo novedades en la propuesta gubernamental, que pasa por impulsar reformas -ya sea de la Constitución, del Estatuto catalán o de normas varias- para «fortalecer el autogobierno». Pero sí se sucedieron los gestos encaminados a intentar favorecer el diálogo con la Generalitat. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, desveló en el Congreso que el Gobierno está dispuesto a revisar los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra leyes catalanas, sobre todo, de calado social. Y confirmó el encuentro que mantendrán hoy en Madrid la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y el secretario de Estado de su departamento, Ignacio Sánchez-Amor.

Batet dio por sentado que no hay soluciones «milagrosas», pero también defendió mantener una «agenda de normalidad» ahora que la Generalitat está abierta a abordar asuntos, dijo, que van «más allá de las reivindicaciones soberanistas». La ministra ha apreciado un «cambio relevante», pese al tono empleado por Torra y a que las fuerzas independentistas no renunciaron ayer ni a la autodeterminación ni a pedir que la Fiscalía modere su acusación contra los dirigentes políticos presos.

Marcos distintos

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, insistió, de hecho, en la «necesidad de acordar un referéndum» y el de Esquerra, Joan Tardá, planteó que la consulta contemple «todas las opciones», incluida la ruptura. «Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que crea que puede imponer la independencia al 50% de los catalanes que no lo son, es evidente que está absolutamente equivocado», concedió. Pero, en todo caso, no es esta la votación que ofrece Sánchez, más encaminada a ratificar una posible reforma estatutaria.

En el PP entienden que el Gobierno está cometiendo el error de pensar que el diálogo con la Generalitat apaciguará los ánimos del soberanismo y encauzará sus reivindicaciones. La diputada Alicia Sánchez-Camacho alertó sobre la «imposibilidad» de establecer una conversación «sincera» y tachó a los independentistas de «insaciables». Es más, colocó al Ejecutivo «sometido a la cesión y al chantaje» de los secesionistas por su apoyo en la moción de censura que llevó a Sánchez al poder.

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