Sánchez intenta salir del bache con una reforma constitucional contra los aforamientos

Pedro Sánchez. / Foto: Reuters | Vídeo: Atlas

El jefe del Ejecutivo se hace con la principal bandera de Rivera y obliga a Casado a retratarse en pleno 'caso máster'

PAULA DE LAS HERAS , R. GORRIARÁN y C. R.Madrid

Pedro Sánchez quería un golpe de efecto que le permitiera pasar página de su semana más negra en al frente del Gobierno, la que demostró la descoordinación interna de su gabinete con la polémica sobre la venta de armas a Arabia Saudí, acabó con la dimisión de la ministra de Sanidad por las dudas sobre su máster y levantó una enorme polvareda sobre su tesis doctoral. La encontró. El presidente del Gobierno anunció este lunes que llevará al Parlamento una propuesta de reforma constitucional para «acabar», dijo, con los aforamientos de los cargos públicos. «Ofreceríamos un señal relevante, inequívoca, generosa, de ejemplaridad, solidaridad y empatía -argumentó-. Que los ciudadanos vuelvan a creer en la política es el reto común que tenemos».

La prueba de que no se trata de una cuestión bien meditada sino de un movimiento táctico con el que los socialistas buscan, por un lado, recuperar la iniciativa perdida en un momento delicado -justo cuando se cumplen 100 días de su llegada al Gobierno- y, por otro lado, colocar al líder del PP, Pablo Casado, en una situación comprometida, está en que hace apenas cinco días la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dijo en el Congreso que había encargado un estudio interno para ver cómo podrían «racionalizarse» las condiciones de ese régimen jurídico especial que afecta, entre otros, a muchos cargos políticos, pero descartó eliminar los aforamientos por completo, precisamente, porque consideraba que la coyuntura del país no es la adecuada para una reforma de la Carta Magna.

Sánchez -que se montó en la Casa de América un acto para conmemorar sus casi tres meses en la Moncloa con empresarios, artistas, intelectuales y representantes de medios de comunicación- no ofreció, además, más detalle sobre lo que pretende que el ya mencionado enunciado genérico. Sólo ocho horas después, desde la Moncloa matizaron en cierto modo sus palabras. Pero aún hay muchos interrogantes pendientes de respuesta.

En el Gobierno apuntan que la idea es acotar el aforamiento de los miembros del Gobierno y los parlamentarios (diputados y senadores) a aquello que afecta al ejercicio estricto de sus funciones. Si eso fuera ya así, la juez que investiga el 'caso máster' en el juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, podría haber llamado a declarar como imputado al líder del PP, Pablo Casado, igual que hizo con otras alumnas que supuestamente se beneficiaron de un trato de favor al matricularse en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, y no se habría visto obligado a elevar su causa al Tribunal Supremo.

Debate abierto

En lo que respecta a otros aforados no políticos como jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o los miembros del Tribunal de Cuentas, también habría que modificar, según el Ejecutivo, algunas leyes. Entre ellas, la ley orgánica del Poder Judicial. Pero en Moncloa no especifican exactamente en qué sentido actuarían en este terreno y tampoco dicen nada de cómo afectaría la reforma a la Familia Real y al rey Juan Carlos, a quien se aforó con un procedimiento exprés tras su abdicación en 2014; un aforamiento polémico no sólo porque se hizo mediante enmiendas a una ley que nada tenía que ver con la protección jurídica de la Corona sino porque es integral, es decir, comprende también aquellas actuaciones en las que el exJefe del Estado participe fuera del ámbito institucional, en su vida privada.

En el PSOE no se muestran muy partidarios de tocar lo que afecta a la Monarquía, pero abierto el debate todo es posible. Difícilmente los socios de la moción de censura (Podemos, Esquerra, Bildu...) aceptarían preservarla o darle una protección extraordinaria. La reforma constitucional requiere, además, la aprobación de tres quintos del Congreso y el Senado. Si no se alcanza puede hacerse con menos pero en todo caso es necesaria la mayoría absoluta del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Las cuentas son muy difíciles y Sánchez era consciente de ello cuando lanzó su anuncio. Aun así, adujo que, si hay voluntad, el cambio se podría tramitar en 60 días a partir de que el anteproyecto que tiene que elaborar el Gobierno inicie su andadura en el Congreso, algo para lo que nadie se atreve a dar una fecha. En todo caso, los socialistas se felicitan por su maniobra. Si no sale, ellos no serán los responsables, podrán culpar al PP o al resto de partidos y, por el camino, habrán arrebatado a Ciudadanos una de sus principales banderas.

ERC y PDeCAT incluirían el referéndum en la reforma

Los partidos independentistas retaron hoy al presidente del Gobierno para que aproveche la reforma de la Constitución para incluir en la Carta Magna el derecho de autodeterminación, a día de hoy la principal reivindicación del secesionismo.

«Si la Constitución se puede modificar de urgencia para el tema de los aforados o por el déficit cero, también debería servir para incluir el derecho de autodeterminación», según expresó Esquerra. Los independentistas creen que con la Constitución actual ya puede celebrarse un referéndum pactado, pero aun así señalaron que no tendrían «ningún inconveniente en que el reconocimiento de este derecho figure más explícito».

El PDeCAT se mostró «a favor» de discutir la supresión de los aforados pero criticó a Pedro Sánchez por evitar la cuestión catalana en su discurso de ayer y por anunciar una reforma constitucional que no aborda el pleito territorial. «Nos parece indigno que no haya dicho nada del problema catalán, que es el principal problema político en Europa», según el PDeCAT. La antigua CDC recordó a Sánchez que es presidente gracias a los votos soberanistas.

Ciudadanos se apunta el tanto y Podemos quiere incluir al Rey

Ciudadanos se apuntó el tanto de haber «torcido el brazo» al Gobierno para la supresión de los aforamientos de cargos públicos. Albert Rivera señaló que sin «la presión» de su partido y de la sociedad Pedro Sánchez no hubiera dado el paso para acabar «con los privilegios y el trato de favor» a los políticos. Podemos recibió con «alegría» la noticia, pero reclamó que la eliminación del trato especial alcance al rey Juan Carlos y que la reforma abarque otros aspectos de la Constitución.

El líder de los liberales mostró su «satisfacción» por el anuncio del presidente del Gobierno porque, «después de 40 años, los privilegios de los políticos y la justicia se van a acabar». Rivera apuntó que, además de la insistencia de su partido, las encuestas son otro factor que ha empujado a Sánchez a dar el paso porque en los últimos sondeos el PSOE «empieza a flojear», al revés que Ciudadanos, que empieza a «subir».

El partido naranja siempre ha utilizado la supresión de los aforamientos como elemento de presión en sus pactos con PP y PSOE, pero con enfoques dispares. Lo incluyó en el acuerdo de investidura con Mariano Rajoy y, aunque no logró que se llevara a efecto, no provocó la ruptura. Como tampoco sucedió con el PP en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León. En Andalucía, en cambio, ese mismo incumplimiento fue uno de los argumentos que esgrimió Ciudadanos para romper hace diez días el acuerdo la socialista Susana Díaz.

Podemos acogió con «alegría» la noticia y anunció su apoyo a la reforma constitucional para reducir el número de aforados. Su portavoz, Noelia Vera, apuntó que el rey Juan Carlos debería ser una de las autoridades que tienen que ser despojadas de ese tratamiento. El monarca emérito recibió el aforamiento después de abdicar, antes era inviolable, pero Podemos considera que debería ser juzgado si estuvo implicado en casos de corrupción durante su reinado. La Audiencia Nacional archivó la semana pasada a petición de la Fiscalía la investigación abierta a raíz de las grabaciones a la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein que implicaba al exjefe del Estado en algunos negocios turbios.

Aunque Podemos se mostró a favor de la iniciativa de Sánchez, puso algunos reparos porque quiere una reforma constitucional más profunda, que no toque solo el apartado de los aforamientos y abarque el capítulo de derechos civiles y sociales. El partido de Pablo Iglesias, además, siempre ha dicho que si se encaraba una reforma constitucional propondría un referéndum para ratificarla. Y puede hacerlo porque cuenta de sobra con los 35 diputados, el 10% del Congreso, para plantearla.

Más información:

 

Fotos