Se elevan a diez los policías nacionales imputados por las cargas del referéndum del 1-O

Agentes de la Policía nacional arrastrando a ciudadanos que trataban de evitar su entrada a un centro electoral en Barcelona, durante el referéndum catalán del 1-O. /Susana Vera (Reuters)
Agentes de la Policía nacional arrastrando a ciudadanos que trataban de evitar su entrada a un centro electoral en Barcelona, durante el referéndum catalán del 1-O. / Susana Vera (Reuters)

El juzgado mantiene abiertas investigaciones por las cargas en ocho centros de Barcelona

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Continúa el goteo de imputaciones de los antidisturbios por su actuación el 1-O un año después de los incidentes. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que centraliza las denuncias por las cargas en la ciudad condal, ha citado como investigados a otros cinco miembros de la Unidades de Intervención de la Policía (UIP).

Estos cinco funcionarios, entre los que hay dos mandos, intervinieron en el desalojo de los colegios barceloneses de Ágora de Nou Barris, Escoles Pies de Sant Antoni e Infant Jesús de Gràcia. El juez, además, ha requerido a la Dirección General de la Policía que identifique a un sexto policía que en las Escoles Pies de Sant Antoni propinó una patada «de forma absolutamente innecesaria» a uno de los congregados.

Con estas imputaciones se eleva a diez el número de policías investigados por este juzgado por los sucesos del día del referéndum secesionista.

El juzgado mantiene abiertas, de forma contemporánea, investigaciones por las cargas en ocho centros de Barcelona. Además de los tres mencionados, el magistrado ha abierto diligencias por las cargas en los colegios Mediterrània, Els Horts, Ramon Llull, Santa Caterina de Siena y Pau Claris. En este último centro fue en el que se produjeron los incidentes más graves cuando los funcionarios tiraron escaleras abajo a varios de los congregados, según los vídeos que se distribuyeron en las redes sociales y que han servido de prueba de cargo contra los policías.

Este juzgado barcelonés, no obstante, ha archivado más de medio centenar de denuncias referidas a los incidentes en otros centros escolares el 1-O por la imposibilidad de identificar a los agentes, por falta de material gráfico para respaldar las denuncias o porque no se ha apreciado indicios de delito en la acción de los agentes en las imágenes aportadas por los demandantes.

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