Miquel Buch, imputado por el referéndum del 1-O

El conseller de Interior, Miquel Buch./EFE
El conseller de Interior, Miquel Buch. / EFE

El consejero de Interior de la Generalitat deberá comparecer como investigado acusado de un delito de desobediencia

CRISTIAN REINOBarcelona

El magistrado instructor de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jordi Seguí, ha citado como investigados al consejero catalán de Interior, Miquel Buch, y a Neus Lloveras, ex diputada del PDeCAT.

Ambos deberán comparecer ante el juez el próximo 6 de noviembre en relación con la querella por desobediencia en la jornada del 1-O cuando presidían respectivamente la Asociación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios por la Independencia, según han informado esta tarde fuentes del TSJC

Buch, que se convierte en el primer consejero del Gobierno de Quim Torra que es imputado de un delito, aunque por hechos ocurridos en la pasada legislatura, está siendo investigado por su labor al frente a la ACM. En concreto, la querella se remonta a hace más de un año, impulsada por la Fiscalía Superior de Cataluña. Se le acusa de desobediencia por emplazar a los alcaldes a promover el referéndum unilateral y facilitar locales para las votaciones, desde su posición al frente de la asociación que agrupa a los ayuntamientos. La misma acusación pesa contra Lloveras, que presidía la Asociación de Municipios para la Independencia.

«Citada a declarar el 6 de noviembre a les 10.00 al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Querella por hacer política, por expresar públicamente el apoyo al referéndum», según ha señalado la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en Twitter. A través de esta misma red social, el presidente de la Generalitat ha dado su apoyo a ambos dirigentes secesionistas. «Gracias por lo que hicisteis. No os juzgan a vosotros, nos juzgan a todos. Y todos habremos de ser capaces de responder, unidos, determinados y solidarios, asumiendo todas las consecuencias, contra esta causa general», ha apuntado.

La Fiscalía pretendía imputarles también por malversación y prevaricación, pero el TSJC solo ha admitido el delito de desobediencia. Entre las pruebas que pueden incriminarles, existe un correo electrónico del 6 de septiembre de 2017, en plena preparación del referéndum de hace un año, en el que Buch y Lloveras se dirigían a los alcaldes catalanes para indicarles que debían «proceder a confirmar la disponibilidad de los locales de votación, al tiempo que se les facilitaba un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum«. Los locales que la Generalitat utilizó como colegios electorales en el 1-O eran de titularidad municipal y de la administración autonómica. Entre otros, centros educativos, sanitarios o centros cívicos.

En un principio, el TSJC remitió la investigación sobre Buch y Lloveras al Tribunal Supremo, cuando este asumió la causa contra los líderes del 'procés', pero el juez Pablo Llarena acabó devolviendo la causa de ambos al TSJC.

Los problemas se le acumulan a Miquel Buch, que en breve debe comparecer en el Parlamento catalán, a petición propia, para dar cuenta de las cargas de los Mossos contra varias movilizaciones de los CDR. La CUP y los grupos más radicales pidieron su dimisión por la contundencia de la actuación de la Policía catalana.

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