Los líderes del 'procés' piden 300 diligencias para desmontar la acusación de rebelión

Imagen de la última diada en Barcelona con una pancarta con la foto de Junqueras./AFP
Imagen de la última diada en Barcelona con una pancarta con la foto de Junqueras. / AFP

Intentarán probar en el juicio que no existió violencia porque no hubo heridos y que el Gobierno nunca contempló un verdadero alzamiento

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Los 18 líderes del 'procés' que se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo han pedido a la sala más de 300 diligencias de todo tipo para intentar demostrar que en el otoño del pasado año en Cataluña no se produjo un delito de rebelión, ni siquiera de sedición. Las pruebas reclamadas por el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament y el resto de encausados están, sobre todo, encaminadas a probar que no hubo violencia ni heridos (más allá de los ciudadanos golpeados el 1-O) y que el Gobierno y los diferentes servicios de seguridad e inteligencia del Estado jamás temieron que la intentona secesionista derivara en un verdadero alzamiento con la violencia necesaria para hablar de rebelión o con los tumultos indispensables para calificar el 'procés' de sedición.

La Sala de lo Penal, en los autos del pasado jueves con los que abrió el juicio oral, rechazó reabrir la instrucción hecha por Pablo Llarena para practicar estas diligencias a fin de evitar dilaciones indebidas. No obstante, el Supremo dejó abierta la puerta a que durante el juicio se pueda aceptar parte de esta amplia batería de pruebas.

La defensa de Junqueras y del exconsejero de Exteriores Raül Romeva es la que con más ahínco trata de demostrar que no hubo violencia. Reclama una pericial médica con dos especialistas del Hospital de San Pau de Barcelona sobre las lesiones que sufrieron los policías y los guardias civiles que actuaron el 1-O para evitar la votación. Esas heridas son, en parte, la justificación que ha usado Llarena para defender que sí hubo violencia durante el 'procés', condición 'sine qua non' para la rebelión.

Los letrados de los exconsejeros de Interior, Trabajo y Territorio (Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull) piden multitud de informes para intentar de demostrar que el Estado, hasta mucho tiempo después, nunca pensó que el 'procés' era una rebelión. Quieren, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa diga si hubo planes de «contingencia» por la celebración del referéndum o si se prepararon dispositivos para proteger las «instalaciones críticas» en esos días, algo que, hasta donde se conoce, no sucedió.

Los líderes del 'procés', en la misma línea de negar que el Estado temiera un alzamiento, pretenden que el Supremo requiera al Departamento de Seguridad Nacional, directamente dependiente de Presidencia, «las disposiciones de cualquier género» dictadas a raíz de la celebración de la consulta. Saben que tampoco las hubo.

«Estado de sitio»

Los imputados aspiran a conocer todas las actas del Consejo de Ministros durante 2017 y 2018 «en las que se haya debatido, o incluso propuesto al Congreso, la declaración del estado de sitio».

Son varias las diligencias en el mismo sentido, con diferente redacción, las que han planteado los cabecillas del 'procés', sabedores que el Ejecutivo de Mariano Rajoy jamás se planteó (ni debatió, que se sepa) esa posibilidad. Y es que ese tema -según explican los especialistas- no es baladí, pues puede ser una baza de peso para desmontar la acusación de rebelión y la necesidad de la violencia para contemplar este tipo penal.

La tesis de los procesados es que si hubiera habido un levantamiento de carácter más o menos violento se habría activado (o cuanto menos estudiado) la declaración de estado de sitio, ya que precisamente la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo 32, establece que se promulgará este último estado «cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios».

Los imputados piden, incluso, deliberaciones del Consejo de Ministros y otros papeles clasificados

Siempre con el mismo horizonte de desmontar la rebelión los encausados igualmente quieren tratar de demostrar que el 1-O y el 20 y 21 de septiembre de 2017 (asedio a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil) no hubo ningún tipo de daños, lo que también desmentiría el carácter «tumultuario» requerido para la sedición. Por ello, piden al Supremo que reclame al Ayuntamiento de Barcelona un informe «certificado» sobre los «daños ocasionados al mobiliario urbano» causados en la capital de catalana durante esos convulsos días. Los letrados de los líderes del 'procés' saben que no consta que, más allá del destrozo de los vehículos del instituto armado, hubiera vandalismo en esas fechas.

Misteriosas misivas

En los recursos figuran además las peticiones de que se haga pública la correspondencia completa que en los días más tensos mantuvieron los entonces presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigedemont y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido con el exconsejero de Interior.

En los escritos no se avanza el motivo del interés en conocer esos texto. La parte pública de esas misivas entre Rajoy y Puigdemont no es relevante. Se desconoce si hay más cartas que no vieron la luz.

Junqueras quiere que la Ertzaintza se implique en la investigación del juicio

Quizás una de las peticiones de diligencias más sorprendentes es la reclamación de la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva de que la Ertzaintza se involucre en la investigación como una suerte de policía neutral.

El exvicepresidente y el exconsejero tienen entre sus prioridades demostrar la «falta de imparcialidad de los investigadores» y han puesto el foco en la supuesta actividad en las redes sociales del jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, teniente coronel Daniel Baena, el mando que dirigió la investigación del instituto armado sobre el procés.

Según diversas informaciones, que no han sido desmentidas por el Ministerio del Interior, Baena, bajo los pseudónimos de 'maquiavelo 1984' y 'Tácito', publicó diversos tuits, algunos en las fechas más críticas del pasado otoño, con comentarios contra la intentona secesionista, tales como «ponga las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza. Sin movimientos bruscos. Gire».

Los imputados quieren que sea la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información (SCDTI) de la policía autonómica vasca la que determine si, efectivamente, Baena estuvo detrás de esos comentarios despectivos contra el independentismo.

Pretenden que la Ertzaintza sea la que localice los IP utilizados para publicar esos tuits y que localice los ordenadores empleados para entrar en esa cuenta, desde la que también se publicaron informaciones en las que se insinuaba que los líderes del 'procés' habían tenido una «actuación propia de estructuras del crimen organizado» o se ponía en duda la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra.

Más información:

 

Fotos