El juez procesa a los mossos que ayudaron a moverse a Puigdemont por Europa sin ser detenido
Les acusa de encubrimiento por haberle acompañado hasta Helsinki a pesar de saber que el expresident tenía una orden de búsqueda y captura
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por un delito de encubrimiento a los dos mossos que en marzo de 2018 ayudaron y escoltaron a Carles Puigdemont por su periplo europeo que acabó con su detención en Alemania. El instructor cree que ambos le ayudaron a eludir su captura a pesar de saber que estaba reclamado por orden del Tribunal Supremo.
El magistrado acuerda el archivo de la causa para los otros dos acompañantes de Puigdemont, Josep María Matamala y Lluís Alay y da diez días a la Fiscalía para que presente su escrito de acusaciones contra los policías catalanes Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea.
García Castellón recuerda que el 25 de marzo de 2018 los dos mossos, que tienen la condición de funcionarios y que se encontraban de permiso esos días, junto con Matamala y Alay, acompañaban a Puigdemont cuando este fue detenido en la localidad alemana de Jagel por la policía de aquel país, en cumplimiento de la orden europea de detención y entrega cursada por las autoridades judiciales españolas.
«Ambos investigados, puestos de común acuerdo, pese a su condición de funcionarios de la policía y con pleno conocimiento de que Puigdemont tenía una orden de búsqueda y detención europea librada por el Tribunal Supremo, le ayudaron a intentar sustraerse a ala acción de la justicia cuando este último se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta su domicilio de Bélgica«, afirma el juez.
El auto destaca que el propio Puigdemont era consciente de la existencia de la orden de detención, pues como se detalla en el informe policial, dice el magistrado, «se le notifica que existía una orden internacional de detención contra él. Él tenía conocimiento de dicha orden, tras aportar algunos datos propios».
Después de relatar todos los detalles del trayecto realizado desde Helsinki hasta que fueron detenidos, el magistrado señala que «todos estos datos eran por ello conocidos por los investigados Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea cuando prestaban ayuda a Carles Puigdemont para desplazarse por carretera desde Helsinki (Finlandia) hasta Bruselas (2.370 kilómetros, incluido un trayecto en ferry)».
Para el juez no cabe duda de que la actuación de los policías tenía como objetivo evitar la captura del huido Carles Puigdemont, «logrando de esta forma su sustracción a la acción de la justicia», lo que reviste los caracteres de un delito de encubrimiento, concluye García Castellón.
Respecto de los otros dos acompañantes, Josep María Matamala y Lluís Alay, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 indica que no tienen la condición de funcionario público, que acompañaban a Puigdemont, que no consta que facilitasen el vehículo, que lo condujesen en algún momento o que hubieren proporcionado cualquier otra ayuda con la intención de que Carles Puigdemont se sustrajese a la acción de la justicia, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto a ellos dos.
Fianzas del Tribunal de Cuentas
Las defensas de los investigados por el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre los que se encuentran el ex presidente y ex vicepresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, han pedido por escrito utilizar las fianzas ya depositadas en el Tribunal Supremo, que juzgó el proceso independentista en Cataluña, y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la jornada de votación, para cubrir los 4,1 millones de euros que reclama el órgano fiscalizador por estos hechos.
Según informan fuentes jurídicas a Europa Press, los abogados de los presuntos responsables contables han consignado sendos escritos ante Tribunal Supremo y el juzgado de Barcelona para que les permita emplear las cantidades ya abonadas para poder hacer frente a la fianza total de 4.146.274,97 euros que fijó el Tribunal de Cuentas y para la que dio 15 días de plazo, que concluye la semana que viene siempre y cuando no se pida, y se admita, una prórroga.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas dio a conocer el pasado 28 de enero el acta de liquidación provisional, con la que impuso fianzas solidarias a 28 investigados, entre los que se encuentran todos los que fueran consejeros de este Govern y alto cargos de la Generalitat, para asegurar el reintegro de los 4 millones de euros al erario público en caso de que sean condenados. El juez del Supremo que instruyó el 'proces', Pablo Llarena, ordenó el pago conjunto de 2,1 millones de euros a los nueve consejeros de Puigdemont procesados por malversación como responsabilidad civil. Así, aunque la Sala juzgó por este delito a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, finalmente condenó por ello a los cuatro primeros.
