La juez procesa a Cifuentes y libra a la exministra Montón por el 'caso máster'

En el 'caso de Cifuentes', la titular del Juzgado de Instrucción número dos acordó procesar también al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC, Enrique Álvarez Conde, principal investigado del 'caso máster', a la profesora Cecilia Rosado y a la que fuera asesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.

Rodríguez-Medel justificó en un auto que los cuatro podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental, tipificado en el artículo 390 del Código Penal y que castiga a las autoridades o funcionarios públicos que lo cometan con penas de tres a seis años de prisión, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial de hasta seis años.

La juez recordó que el Tribunal Supremo ya ha establecido que el de falsedad documental no es un delito «de propia mano» y ha introducido en la jurisprudencia el papel de «inductor a la falsificación», en clara referencia a Cifuentes.

El auto, que es recurrible ante el propio juzgado o ante la Audiencia de Madrid, es el paso previo a la apertura de juicio oral y da diez días a las partes para que soliciten esa apertura y formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa.

La magistrada cree que existen indicios suficientes para creer que Cifuentes dio instrucciones a Feito para ocultar que no había superado las asignaturas del máster cuando se conoció esa noticia. Las explicaciones de Cifuentes en sede judicial «no resultaron creíbles», máxime cuando no tiene ningún documento relacionado con el trabajo de fin de máster, ni siquiera un correo electrónico, asegura la instructora. Asimismo, la declaración de la profesora Rosado en la que reconoció la falsificación del acta fue «plenamente convincente» y se apoya, además, en la pericial realizada por la Guardia Civil sobre este documento.

En el caso de la exministra socialista Carmen Montón, la juez decretó este miércoles en otro auto el archivo provisional «al no quedar acreditada la perpetración de infracción penal alguna». Montón estaba siendo investigada por un delito de cohecho tras una denuncia anónima presentada en el órgano judicial, pero primero la Fiscalía y la universidad, como acusación particular, y este miércoles la magistrada no han visto indicios de delito.

El Ministerio Público consideró, entre otros motivos, que no existen indicios de un «concierto previo» entre la dirigente socialista y Laura Nuño, directora del curso sobre Estudios Interdisciplinares de Género, perteneciente al extinto Instituto de Derecho Público de la URJC, epicentro del 'caso máster'. Ese fue uno de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para rechazar en su día la causa contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado.

 En ese escrito, donde se consideraba innecesario escuchar a la política como investigada, la Fiscalía también expuso que Montón «se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas» y mostró un «interés por superar» las materias.

La denuncia inicial relataba que la investigada plagió parte de su trabajo fin de máster. Pero la Fiscalía destacó que esa cuestión «carece de relevancia penal» y consideró que, como delito contra la propiedad intelectual, estaría prescrito.