El Supremo impide a Torra querellarse contra Casado

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. /Efe
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe

El presidente catalán denunció al líder Casado por haberle llamado desequilibrado en un mitin en Barcelona

R.C.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella por delito de injurias presentada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, contra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por referirse a él como «desequilibrado» en un mitin del PP celebrado en Barcelona en diciembre pasado.

En un auto, el Supremo indica que, «aunque es comprensible la queja de la parte querellante, no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de un discurso de una campaña electoral, pues ello nos llevaría a la penalización de los numerosos excesos retóricos de los mítines electorales, con todas las consecuencias que ello determinaría en un ámbito en que debe primar la libertad de expresión e información».

El alto tribunal analiza la colisión en este caso entre derecho al honor y libertad de expresión, teniendo en cuenta que las manifestaciones de Casado se produjeron en el marco de la presentación de candidatos del PP a las próximas elecciones municipales, es decir, en un acto de incuestionable naturaleza política, y sin poder obviarse además el clima de crispación política existente últimamente en Cataluña.

En ese contexto, explica la Sala, las palabras del presidente del PP «pretenden resaltar las deficiencias el oponente político», y, tal como se indicó en el informe de la Fiscalía favorable a la inadmisión de la querella, se enmarcan dentro del derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor e incluso las descalificaciones del oponente político cuando se trata de asuntos de interés general, contribuyendo a la formación de la opinión pública. La resolución recuerda también al respecto la doctrina del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.