El Gobierno cesa a una funcionaria especializada en luchar contra la corrupción para evitar que declare en la Audiencia Nacional

Macarena Olona./R.C.
Macarena Olona. / R.C.

La abogada del Estado Macarena Olona, que en Euskadi sacó a la luz casos que afectaban a cargos del PNV, investigaba el desvío de comisiones en una empresa del Ministerio de Agricultura

OSCAR B. DE OTÁLORA

El día de Navidad de 2017, varios desconocidos asaltaban el despacho de la abogada del Estado Macarena Olona en Mercasa -una empresa pública del Ministerio de Agricultura sumergida en escándalos de corrupción- y robaban su ordenador y los de otros dos funcionarios. No fue un hurto común. Se trató de una operación realizada por profesionales que no dejaron ni un solo rastro y a los que casi un año después no se ha podido identificar. Según diversas fuentes, esta acción buscaba no solo la desaparición de pruebas sino también controlar la información que la abogada, secretaria general de Mercasa, estaba reuniendo en contra de los dirigentes investigados en la Audiencia Nacional. En las próximas horas, el Gobierno de Pedro Sánchez cesará a Macarena Olona en un intento de que no declare en una causa que afecta a personas vinculadas al PP y al PSOE y que investiga el pago de 20 millones de euros en comisiones ilegales. El cese supone un nuevo revés a una funcionaria considerada «incorruptible» por quienes le conocen y que ha hecho de la persecución de las corruptelas uno de sus objetivos vitales.

Macarena Olona es una joven abogada alicantina que ya vivió en el País Vasco lo que supone enfrentarse a la corrupción. En 2012 fue nombrada abogada del estado en Bizkaia y al año siguiente ascendía a letrada jefe en la Delegación del Gobierno. Desde su cargo impulsó algunas investigaciones que han sido claves a la hora de sacar a la luz casos de corrupción en Euskadi. Por ejemplo, la que condenó a un excargo del PNV que trabajó en el Gobierno de Juan José Ibarretxe por la quiebra fraudulenta de un depósito de purines que enterró 10,2 millones de euros procedentes de las Administraciones central y vasca.

La letrada había impulsado la investigación de este caso tras detectar varias irregularidades y llegó a declarar en el juzgado que la empresa que gestionaba los purines era «una cueva de bandidos». Olona se había implicó en la causa de tal forma que, al enterarse de que un testigo clave no acudía a declarar, solicitó la ayuda de tres agentes de Aduanas, localizó al afectado y le comunicó su obligación de comparecer en la causa para evitar ser procesado por obstrucción a la Justicia. El testigo renuente se presentó en el juzgado.

Olona inició más investigaciones sobre presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas. Algunas de sus pesquisas, como el sobrecoste de cinco millones de euros en el puerto guipuzcoano de Pasaia, fueron sobreseídas provisionalmente. De forma paralela, Olona se convirtió en la responsable de varios recursos legales contra normas del Gobierno vasco presentados por la delegación del Gobierno en Euskadi. Además, presentó cientos de demandas contra organizaciones de la izquierda abertzale por actos de enaltecimiento del terrorismo.

En 2017, Olona fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su cargo en el País Vasco para que pasara a trabajar como secretaria general en la empresa pública Mercasa. Este nombramiento colocaba a la abogada en el centro de una trama de corrupción que salpicaba en ese momento a cargos del PP. La empresa había estado gestionada por Pablo González, el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, a quien su relación con la 'operación Lezo' había llevado a la cárcel en la investigación por el pago de comisiones. El propio Pablo González había ingresado también en prisión preventiva. Este 'ascenso' de la abogada se producía en un momento político muy especial. El PNV y el PP acababan de pactar un acuerdo presupuestario en el País Vasco, donde el incansable trabajo de la letrada se había vuelto incómodo para algunos sectores nacionalistas. De la misma manera, situaba a una funcionaria tan especial en un puesto en el que se investigaba, por ejemplo, a un sobrino de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En febrero de este año, Macarena Olona fue premiada por la Fundación Hay Derecho por su labor contra la corrupción. Al recibir el galardón, la abogada del Estado realizó una de las escasas declaraciones públicos que ha llevado a cabo y denunció las presiones que había sufrido en Euskadi. Según explicó, en diversas instancias le habían instado a marcharse y dejar de investigar.

Lo que no sabía es que esa misma tormenta de presiones políticas y advertencias solapadas estaba a punto de estallar también en Madrid. Para entonces ya se había producido el asalto a su despacho. Sus investigaciones en Mercasa habían llegado no solo a cargos del PP sino que también afectaban a cargos socialistas. Entre los investigados se encontraba, por ejemplo, Alvaro Curiel, un técnico que trabajó para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que está imputado por supuestos pagos de sobornos al presidente de Angola.

Macarena Olona debía declarar el próximo 17 de octubre en la Audiencia Nacional y proporcionar datos sobre las distintas tramas que había detectado en Mercasa. Ya había sido citada por los juzgados centrales como responsable legal de la empresa pública. Sin embargo, el nuevo presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 1 de octubre, ha decidido cesarla en ese cargo, según publica 'El Confidencial'. En una carta enviada al consejo de administración de Mercasa, la propia letrada ha denunciado las trabas que desde la nueva dirección de Mercasa se han puesto a su declaración en la Audiencia Nacional.

Pero este no es el único frente político que tiene abierto la letrada. El pasado mes de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez retiró el recurso de inconstitucionalidad que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy había presentado contra la Ley Vasca de Abusos Policiales, una norma impulsada por el PNV y que en Navarra ya ha sido declarada inconstitucional. La decisión de los socialistas buscaba allanar el camino a los acuerdos con el PNV, partido que acababa de prestar sus votos para la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Esta jugada, sin embargo, le puede salir mal al Ejecutivo socialista. Diversas asociaciones de víctimas y sindicatos policiales están presentando recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para solicitar la derogación de la ley. La abogada Macarena Olona, que en su día redactó el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma del Gobierno vasco, es ahora la asesora de los colectivos que están denunciando la norma.

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