El Ejecutivo insta a los secesionistas a optar entre sus presos o «las personas»

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, protagoniza el Desayuno Informativo de Europa Press./EFE
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, protagoniza el Desayuno Informativo de Europa Press. / EFE

La ministra de Justicia reitera que no pedirá a la Fiscalía que retire las acusaciones de rebelión y defiende el perfil social de los Presupuestos

MATEO BALÍN y PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno se mantiene firme. No habrá instrucciones a la Fiscalía para que retire las acusaciones contra los dirigentes independentistas procesados por el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo, aunque eso entierre la más mínima posibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La última en dejarlo claro fue ayer la ministra de Justicia, María Dolores Delgado.

Un día después de que el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, volviera a advertir de que su formación no negociará «nada» si el Ejecutivo no cede a sus exigencias sobre esa cuestión, Delgado insistió en que la Fiscalía es un órgano con «plena autonomía» respecto al Gobierno y advirtió a la formación republicana, que siempre ha mantenido un ideario de izquierdas, de que tendrá que optar. «Estos Presupuestos son magníficos, cada uno sabe lo que apoya», dijo en un desayuno de Europa Press.

El Gobierno -que, pese a las advertencias de los secesionistas, mantiene su optimismo sobre la posibilidad de aprobar las cuentas- trata de hacer hincapié en todo lo que dejarán de percibir los ciudadanos si no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante un proyecto que, arguye, «recupera derechos sociales, blinda el Esado de bienestar y aumenta el rendimiento y la progresividad de la política fiscal». «Me cuesta pensar que formaciones que pongan en el centro a las personas no lo vayan a apoyar», insistió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que ayer aprobó el borrador enviado a Bruselas.

«Cambiar el paso»

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también defendió que si los Presupuestos no salen adelante se perderá la oportundiad de «cambiar el paso» y abrir «otro escenario tanto tiempo demandado» para que la recuperación económica llegue a los hogares y los trabajadores. «Ya sabemos que las autoridades catalanas nos piden medidas con la población reclusa. Las autoridades catalanas legítimas lo son porque representan a un Estado de derecho -insistió- y en un Estado de derecho hay separación de poderes». Con ese argumento llamó a los independentistas a «evaluar» todo lo que se ha puesto sobre la mesa en términos de financiación de la dependencia (un 40% más) de la educación o de infraestructuras.

El Ejecutivo se ha comprometido a cumplir con la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, que establecía que la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña debía equipararse a «la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años». Eso significa, según apuntó Montero en una reciente entrevista en 'El Periódico de Catalunya', que a la comunidad autónoma le correspondería un 18% sobre la inversión total. Nunca un Gobierno ha ofrecido tanto, entre otras cosas, porque el Tribunal Constitucional dijo que ese precepto de la norma estatutaria no era «vinculante».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page -que mantuvo ayer una entrevista con el presidente del Gobierno en la Moncloa- también lanzó una advertencia. «Si alguien pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE ya salimos escarmentados -ironizó-. No recomendaría tampoco a los independentitas que se atrevan a probar su fuerza», dijo tras dar por sentado que «no cambiará votos por soberanía».

Los secesionistas no unifican su posición

ERC y PDeCAT negaron en Barcelona su apoyo a los Presupuestos, salvo que el Gobierno haga gestos con los presos y el referéndum. Pero Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, rechazó que se pueda exigir al Ejecutivo que influya en la Fiscalía. Su homólogo en Esquerra, Joan Tardà, avisó, en cambio, de que no negociarán «si no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones».

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