La coordinación antiyihadista vive sus horas más bajas un año después del 17-A

Agentes de la Guardia Civil y los Mossos practican una detención en Ripoll, el año pasado, tras los atentados de Barcelona./EFE
Agentes de la Guardia Civil y los Mossos practican una detención en Ripoll, el año pasado, tras los atentados de Barcelona. / EFE

El intercambio de datos entre Mossos e Interior es «inexistente» pese a que Cataluña es epicentro de muchas investigaciones

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Entre el 70 y el 90% de las investigaciones antiyihadistas en marcha en la actualidad tienen algún vínculo con Cataluña. Según los datos oficiales de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, hoy hay tres veces más operativos abiertos y personas bajo sospecha que hace cuatro años y Cataluña está en el epicentro, muy por encima de otros puntos del mediterráneo, Madrid, Ceuta o Melilla. Pero desde los atentados de Las Ramblas y Cambrils no ha habido una sola operación conjunta contra el terrorismo islámico de las fuerzas del Ministerio del Interior y los Mossos d'Esquadra. La cooperación policial, totalmente influenciada por el devenir político, se ha limitado desde el 17-A a algún golpe a las mafias georgianas y armenias y, siempre, por «imperativo» del juez que coordinaba las pesquisas.

Los responsables del Ministerio del Interior -tanto actuales como los del Gobierno de Mariano Rajoy- insisten en que el proceso independentista no ha tenido repercusión en la coordinación policial y, menos, en la lucha contra el yihadismo. Desde la otra parte, se niega esa versión oficial que se repite desde Madrid. El propio Joaquim Forn, exconsejero de Interior el 17-A, ha denunciado recientemente en una entrevista desde la cárcel que el Estado «es celoso a compartir datos» sobre el yihadismo.

Un año después de los ataques de Barcelona todo son reproches mutuos y la colaboración es «inexistente», «una quimera», según afirman numerosas fuentes de ambas partes, desmintiendo el discurso oficial de Interior.

Los mandos de los Mossos han seguido denunciando esta misma semana que el 10 de julio de 2017, Interior -en el único gesto de deshielo en plena escalada independentista- le prometió su plena integración en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el acceso a las bases de datos europeas e internacionales, extremo que desmienten desde el Gobierno central, que afirman que solo se les ofreció una representación estable en ese órgano, similar a la de la Ertzaintza. Sea como fuere, los Mossos solo acuden como «invitados» a algunas reuniones de este centro y es potestad del Ministerio del Interior decidir qué datos se facilitan al cuerpo autonómico.

En la cúpula actual de los Mossos, y tampoco durante el tiempo en que la policía catalana estuvo bajo el control del Gobierno por la aplicación del 155 cambiaron mucho las cosas, se repite como un mantra que el Ejecutivo central «ocultó» al cuerpo autonómico que tanto CNI, como Policía y Guardia Civil habían contactado con el imán de Ripoll, sabedores de su potencial yihadista.

«¡Cómo podemos confiar en un Gobierno que no nos facilita armas largas para enfrentarnos a los yihadistas en la calle!», denunció ayer un alto mando de los Mossos del Complex Central de Egara, cuartel general del cuerpo autonómico. Desde hace ya más de un año, el Ejecutivo viene retrasando la entrega de armas de guerras -no así de la munición para este armamento- por cuestiones burocráticas ligadas al Ministerio de Defensa.

Alcanar

Cada uno por su lado. Y así se pone de manifiesto en el sumario que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional y en el que no hay un solo informe conjunto. La desconfianza y la lista de agravios también es larga por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El hecho de que los Mossos rechazaran insistentemente el ofrecimiento de los Sedex de la Guardia Civil, los artificieros, tras la explosión de la casa de Alcanar en Tarragona, muy cerca de la demarcación del instituto armado en la Comunidad Valenciana, provocó un malestar que todavía no se ha olvidado.

Con la Policía Nacional las cosas no están mejor. En la Comisaría General de Información, a pesar de las peticiones de acceder a los datos que los Mossos encontraron en Alcanar y en los móviles de los terroristas, afirman tajantes que solo han podido acceder a ellos a través de la prensa cuando el juez de la Audiencia Nacional levantó el secreto del sumario hace solo unas semanas.

Altos responsables de la seguridad del Estado también afirman que los Mossos no notificaron la mañana del 17-A a Interior que entre los escombros que removía una retroexcavadora en la casa de Alcanar habían aparecido textos en árabe, lo que impidió activar las alertas a nivel nacional.

«El único interés de los Mossos con el 17-A ha sido aparecer como una policía integral del nuevo Estado, capaz de encargarse de los atentados por sí sola como en cualquier otro país de Europa. Ese es, además, el discurso oficial que se promueve desde la Generalitat», apunta un responsable de los servicios de inteligencia del Estado, que reconoce que hace años que no tiene «ni siquiera contactos» con los policías catalanes.

Lo que ocurrió el 1-O tardará años en olvidarse por ambas partes y llevará todavía más tiempo crear un clima de confianza. Para los Mossos en la jornada del referéndum hubo cargas policiales injustificadas a la ciudadanía catalana. Para las fuerzas de seguridad del Estado, la policía autonómica catalana les dejó «tiradas» en un «ejercicio de cinismo» que no «olvidan», en palabras de un alto mando de la Guardia Civil. «¿Colaboración?», se pregunta con retintín este jefe del instituto armado.

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