Todas las veces que otros gobiernos usaron un «ardid» para cambiar la Ley

La Comisión de Justicia del Congreso que debatió el aforamiento de Juan Carlos I./Efe
La Comisión de Justicia del Congreso que debatió el aforamiento de Juan Carlos I. / Efe

El aforamiento del Rey Juan Carlos se hizo mediante un atajo parlamentario | En 2003 los populares también modificaron el Código Penal con una enmienda a otra ley en el Senado para hacer frente al plan Ibarretxe y el Constitucional anuló la operación

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

La estratagema que ha encontrado el PSOE para acelerar la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria e intentar allanar así la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no es novedosa. El PP, que ahora amenaza con todo tipo de recursos, también se ha servido de ella en el pasado para aprobar con premura iniciativas legislativas de calado. Entre las más sonadas, estarían la introducción en el Código Penal del delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares vía referéndum en 2003 y el aforamiento del Rey Juan Carlos y la Familia Real en 2014.

En el primer caso, el Gobierno de José María Aznar aprovechó una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje para introducir en el Código Penal a toda prisa un nuevo artículo, el 506bis, con el objetivo de disuadir al entonces 'lehendakar', Juan José Ibarretxe, de que siguiera adelante con su plan separatista. En 2011, es decir, ocho años después, el Tribunal Constitucional, al que había recurrido el grupo socialista en la Cámara alta, anuló ese punto por una cuestión de procedimiento, aunque para entonces el polémico artículo ya había sido derogado, en 2005, tras la llegada al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El fallo del máximo intérprete de la Carta Magna, que consideró que se había producido una «infracción de la legalidad parlamentaria» al existir una «absoluta desconexión» entre la ley en tramitación y la reforma del Código Penal incorporada en el último momento, no impidió, sin embargo, que en el Congreso los populares siguieran utilizando este tipo de atajos parlamentarios.

En 2014, tras la abdicación del Rey Juan Carlos, por ejemplo, urgía buscar par el exjefe del Estado algún tipo de protección jurídica especial, hasta entonces no prevista en la legislación. Para ahorrar tiempo y trámites, el PP aprovechó una ley sobre la reforma de aspectos laborales de jueces y fiscales para introducir un nuevo artículo, el 55bis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los socialistas no sólo tildaron la operación de chapuza sino que, pese a estar de acuerdo con aforar al antiguo monarca, se abstuvieron porque no querían ser cómplices de ese retorcimiento del reglamento.

El PSOE menciona además hasta seis leyes en las que el PP introdujo catorce enmiendas ajenas a su contenido en la legislatura 2011-2015. Entre otras, cita una modificación de la ley sobre técnicas de reproducción asistida que se colgó de la ley sobre reutilización de la información del sector público.

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