Aragonès exige una ley de amnistía para resolver el caso Puigdemont

Junts ha aprovechado este miércoles la resolución del tribunal italiano, que dejó en suspenso la extradición de Carles Puigdemont, para presionar al presidente de la Generalitat para que el independentismo haga frente común en el Congreso en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, el jefe del Ejecutivo catalán ha vuelto a esquivar la oferta de sus socios. «Tras la victoria de Puigdemont, es el momento de hacernos valer, con toda la fuerza», ha asegurado el portavoz postconvergente, Albert Batet. Los Presupuestos Generales del Estado, ha dicho, son la «palanca de presión que no podemos desaprovechar». «Es imprescindible actuar de manera coordinada, con toda la fuerza, os pedimos trabajar juntos», ha expresado el dirigente nacionalista.

Aragonès no ha recogido el guante. No es la primera vez. En las filas de ERC recelan de las intenciones de sus socios. «Ponga propuestas concretas» y luego lo trabajamos, le ha replicado Aragonès en la sesión de control al Govern en el Parlament catalán. El presidente de la Generalitat ha salido en defensa de Puigdemont. A su juicio, el «episodio» vivido por el expresidente evidencia que hace falta una «solución política». «La lucha del exilio nos da la fuerza para pedir una ley de amnistía», ha asegurado. «El poder legislativo puede actuar y no puede mirar a otra parte», ha emplazado al PSOE.

En el marco de la sesión de control, el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha anunciado que el Govern aprobará en su Consejo ejecutivo las cuentas autonómicas en la primera semana de noviembre, con el objetivo de iniciar los trámites parlamentarios y que los presupuestos puedan entrar en vigor en el mes de enero. El Govern, en cualquier caso, sigue sin cerrar el acuerdo con la CUP. Discrepan en fiscalidad. Los anticapitalistas exigen un aumento de impuestos.

El otro punto débil del Govern es el de la seguridad. La oposición ha cargado contra el Ejecutivo por la situación en la que se encuentran los Mossos, cuyos sindicatos han convocado una manifestación para el 23 de octubre pues se sienten indefensos por parte de la Consejería de Interior. El presidente del Govern ha garantizado que los Mossos tendrán la misma defensa jurídica que el resto de trabajadores públicos de la Generalitat, tras el cambio del gabinete jurídico del cuerpo de Interior a Presidencia.

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