Los vigilantes del pozo Emilio imputados apuntan al fallecimiento de su compañero como la prueba de que el accidente fue imprevisible

Pozo Emilio. /
Pozo Emilio.

En su escrito de defensa, remarcan que carecen de cualificación técnica para sopesar o decidir sobre las circunstancias topográficas de la explotación y solicita su libre absolución

A. CUBILLAS
A. CUBILLASLeón

Sin sorpresas y repitiendo, en algunos puntos, la línea argumental de la cúpula de la Hullera Vasco Leonesa.

Los cinco vigilantes imputados en el caso de 'los seis de la Vasco'-Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Andrés Rodríguez y Alberto Rivero- han solicitado su libre absolución al negar cualquier responsabilidad en torno al fallecimiento de seis de sus compañeros.

En el escrito inciden en que el accidente fue debido a un desprendimiento instantáneo de grisú en el postaller completamente «imprevisible» en cuanto al lugar y al momento de su aparición así como respecto a su magnitud y sus consecuencias.

Asimismo, apuntan a que los cinco representantes tienen estudios básicos, sin titulación ni cualificación superior a esta, careciendo por tanto de cualificación técnica suficiente para poder sopesar o decidir acerca de las circunstancias topográficas de la explotación ni desde luego participar en los proyectos de la misma cuya elaboración es ajena.

En cualquier caso, advierten que la existencia una bóveda y que ésta fuese en aumento a lo largo de la explotación del taller era lógico, dado que es característico al tipo de explotación del sutiraje (drenaje), sin que constase en los libros de registro ni un solo dato que hiciese previsible el accidente.

Tampoco es extraño, remarcan, la subida del gas por encima del 2,5% puntualmente en ese tipo de explotación, estando contemplado en la DIS, siendo obligación del vigilante de la explotación ordenar el abandono de la labor hasta que los niveles sean seguros.

A la espera del juicio

Con la presentación del escrito de las defensas y a la espera de las posibles alegaciones, se abre la puerta al señalamiento del juicio que, familiares y víctimas, confían en que se pueda desarrollar a lo largo del 2019, justo cuando se cumplan seis años del accidente en el que fallecieron Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez en el interior del tajo.

En cuanto a la ventilación, señalan que estaba «escrupulosamente» dispuesta con arreglo al plan en las DIS, en cualquier caso, recuerdan que si hubiese sido deficiente, como alega el Ministerio Público, sería una circunstancia ajena a los vigilantes imputados.

Un amplio escrito que realiza una exposición sobre las labores de los cinco imputados y en el que se hace alusión a Juan Carlos Pérez Fernández, el vigilante que falleció en el accidente. Según su letrado, es la prueba más fehaciente de que ni el accidente era previsible ni los acusados omitieron las medidas necesarias para vigilar la seguridad del taller, «porque de haberse prever, ese vigilante no hubiese fallecido».

De vacaciones, antes y durante el accidente

Un escrito en el que se distingue el caso de Andrés Rodríguez Cuesta, que tenía asignada la seguridad e inspección del pozo Emilio pero que el momento del accidente estaba de vacaciones, no sólo el día D sino toda la semana anterior.

Por tanto, según recoge el escrito, la defensa entiende que su imputación «resulta a todas luces insostenible» al mantenerse una acusación contra alguien que no pudo infringir su deber de cuidado al estar ausente por lo tanto si no pudo ser previsto por quién estaba allí cómo va a poderse prever por alguien que llevaba ausente una semana de trabajo.