La Mesa por el futuro del Bierzo pide al Gobierno que devuelva las ayudas para salvar al carbón

Gerardo Álvarez Courel, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, en la mesa./César Sánchez
Gerardo Álvarez Courel, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, en la mesa. / César Sánchez

También solicita que inste a las empresas eléctricas de las centrales de Compostilla y La Robla a que acometan las inversiones pendientes para garantizar la continuidad de sus grupos hasta 2030

M. BADIOLA

La Mesa por el futuro del Bierzo reunida este jueves decidió pedir al Gobierno de España que establezca un procedimiento de devolución de las ayudas que permita la continuidad de las explotaciones mineras de carbón operativas en la actualidad en Castilla y León, como son las minas de interior 'Salgueiro' y 'La Escondida', y minas a cielo abierto 'Gran Corta de Fabero' y 'Corta Pastora', que operan en el libre mercado, y tienen contratos en vigor con las centrales térmicas de Compostilla, La Robla y Soto de La Ribera.

Adicionalmente, solicitaron que al estarse tramitando expedientes para nuevas explotaciones de carbón tanto en Palencia como en León, en el caso de que estas fuesen competitivas en el mercado libre, el Gobierno debe eliminar posibles barreras para su puesta en marcha, como son la obligación de devolver ayudas que se pagaron a anteriores explotadores en las mismas concesiones mineras.

Así lo aseguró este jueves el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, tras mantener una reunión de la Mesa por el futuro del Bierzo, en la que se elaboró un documento de posicionamiento en respuesta al elaborado por la Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras respecto al anuncio del cierre de las centrales térmicas.

En dicho documento, según explicó Courel, se recoge la necesidad de que el Gobierno español inste a las empresas eléctricas propietarias de las centrales de Compostilla y La Robla a que acometan las inversiones pendientes para garantizar la continuidad de sus grupos hasta 2030.

Igualmente, apuntó que el Gobierno debe modificar los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación, de modo que puedan impedirse cierres como el de la Central de Velilla, «que sólo buscan el beneficio económico de su propietario, por el incremento del precio marginal del mercado que conlleva dicho cierre».

En ese sentido, instaron también a la empresa eléctrica propietaria de la central de Velilla a que acometa las inversiones pendientes para la continuidad hasta 2030 del grupo 2.

Otra de las peticiones que se enviará mañana al Gobierno pasa por la alineación con el marco europeo para llevar los plazos de cierre hasta 2030, así como que, en el marco de una transición modulada y justa, muestre su deseo de que los grupos de Compostilla, de La Robla y el grupo 2 de Velilla se adapten a la DEI y continúen operativos hasta 2030.

Finalmente, el documento redactado exige que el Gobierno diseñe una transición adecuada y razonable, que sea consensuada y pactada con los agentes económicos y sociales, para la minería nacional y las centrales térmicas que utilizan carbón autóctono, satisfactoria para las Comunidades Autónomas y para los municipios mineros, en el que se garantice «su continuidad sine die» y se relance la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) hasta alcanzar un competitivo y contemporáneo Carbón Limpio 4.0, «comprometiéndose con un sistema europeo energético sostenible, competitivo, seguro y descarbonizado».

Para ello, consideraron que es preciso crear un escenario de estabilidad de contratos de suministro entre eléctricas y mineras, que aporte horizontes claros de planificación minera y que establezca una nueva obligación de servicio público que permita disponer de un despacho preferente para las plantas de generación que utilicen como fuente de energía primaria combustibles fósiles autóctonos, hasta un máximo del 15 por ciento de la demanda de electricidad en media anual.

Así, en lugar de su eliminación, el Gobierno español «ha de proponer que se proceda a reducir sustancialmente el límite para el despacho preferente de las centrales que utilicen combustibles fósiles autóctonos, desde el 15 por ciento actual, al cinco por ciento que es necesario y suficiente para España».

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