La Junta espera que la reunión de Herrera con Teresa Ribera sirva para que el Gobierno dé marcha atrás en el cierre de térmicas

La consejera de Agricultura y Ganadería, y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno./Margareto
La consejera de Agricultura y Ganadería, y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Margareto

Milagros Marcos asegura que la preocupación compartida con Asturias y Aragón pone de manifiesto la «irracional» postura del Ejecutivo

ICAL

La Junta de Castilla y León espera que el Gobierno revierta la situación y dé marcha atrás en el cierre de las centrales térmicas tras reunión que la próxima semana mantendrá el presidente, Juan Vicente Herrera, con la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, y a la que también asistirán los presidentes de Asturias y Aragón.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera portavoz, Milagros Marcos, destacó este jueves que no solo preocupa a la Junta de Castilla y León, y constató que la presencia de los presidentes de Asturias y de Aragón, ambos del Partido Socialista, pone de manifiesto la «irracionalidad» del Gobierno en este asunto, que puede suponer la pérdida de un millar de empleos para la Comunidad.

Marcos también aseguró que con los cierres anunciados en los últimos días lo único que están haciendo las empresas energéticas es «recorrer la alfombra roja que les ha puesto el Estado». En este sentido, culpó al Gobierno de impulsar y provocar el cierre de las centrales antes de lo necesario, sin criterio, sin dialogar con las comunidades autónomas y acortando los plazos marcados por la Unión Europea.

Además, en relación con el cierre de la central de Compostilla, Marcos afirmó que Endesa no «ha propuesto nada» y explicó que en estos momentos «ni hay alternativas ni planes estratégicos para las comarcas en las que se produzcan cierres», criticó la consejera portavoz.

A su vez, argumentó que las inversiones de modernización previstas para la central de La Robla con el objetivo de ampliar hasta el 2030 su actividad corren peligro después del anuncio del Gobierno de adelantar los plazos de cierre.