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Un informe de Deloitte encargado por la Junta avala la legalidad de Hullera para cobrar las ayudas al cierre

Los consejeros de Fomento y Economía se reunirán el próximo lunes con el secretario de Estado de Energía para exigir que liberen de forman inmediata las subvenciones para cerrar la unidad de interior

A. Cubillas

Miércoles, 29 de junio 2016, 22:21

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La Hullera Vasco Leonesa tiene pleno derecho al cobro de las ayudas al cierre. Al menos así lo confirma un informe de la consultoría Deloitte encargado por la Junta de Castilla y León y que avala su teoría. Así lo ha señalado este miércoles el portavoz de la Diputación, Francisco Castañón, que entiendo urgente que el Ministerio libere de una vez por todas las ayudas.

Para ello, según adelantó el portavoz, el próximo lunes el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se trasladarán a Madrid para mantener una reunión con el secretario de Estado de Energía al que expondrá el derecho de la Vasco a recibir las subvenciones.

Unas ayudas que, según remarcó, permitirá una muerte más dulce de la explotación minera, dado que permitiría el mantenimiento de cerca de un centenar de trabajadores durante los 36 meses que inicialmente está prevista que se prolonguen las labores de cierre ordenado.

En cualquier caso, Castañón remarcó la urgencia de que Industria libre de inmediato las ayudas ante la entrada en vigor el próximo 1 de agosto de un ERE de extinción para la totalidad de la plantilla.

El tema es grave y es urgente que se dé una solución, señaló Castañón que trasladó un mensaje de ánimo y apoyo a los cuatro mineros encerrados en el pozo, Aurelio Elías Ortega, Sócrates Fernández, Álvaro Cuesta y Daniel Garduño, que, en la tarde de este martes, tomaron la determinación de iniciar una huelga de hambre.

Una nueva medida de presión, contraria al comité de empresa, que responde a la insistente negativa de Industria de liberar las ayudas apelando a que la empresa no cumple con sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. Todo, a pesar de que el Plan del Carbón exime de estar al día a las empresas mineras.

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