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Reabren el caso del suicidio de una trabajadora de Caja España ante los indicios de un delito de acoso laboral

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Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de León. / Campillo

La Audiencia Provincial estima el recurso de la familia de la víctima al entender que existen serias posibilidades de que los dos jefes investigados pudiesen infligir a la empleada un trato degradante en el ámbito laboral y que no se ha agotado la investigación para determinar lo realmente ocurrido

A. CUBILLAS
A. CUBILLASLeón

La Audiencia Provincial de León ha ordenado la práctica de nuevas diligencias ante los indicios de delito contra la integridad moral en torno al caso de la extrabajadora de Caja España que se suicidó como consecuencia de un supuesto acoso laboral por parte de dos de sus jefes.

De esta forma, el tribunal atiende el recurso de reforma y subsidiario presentado por la familia de la víctima y acuerda la revocación de la resolución que emitió del Juzgado de Instrucción nº3 de León con fecha 26 de noviembre por el dictó el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.

Concretamente, la Audiencia Provincial califica de «totalmente pertinentes» las diligencias instructoras pedidas por la parte apelante y solicita así la práctica de un informe de análisis de autopsia psicológica por la Sección de Análisis de Conducta de la Comisaría de Policía.

Asimismo, solicita que la entidad Caja España de Inversiones (Unicaja) aporte la existencia del plan de prevención de riesgos laborales sobre acoso laboral o moral, de existir, al entender que pueden ser «determinantes» para la determinación de la existencia supuesto acoso laboral en la actuación profesional de los investigados en su relación con la trabajadora fallecida.

Los hechos

Según el auto al que ha tenido acceso leonoticias, la mujer fue objeto de hostigamiento, acoso y denigración por parte de sus jefes inmediatos, los investigados J B J y R S P , con expresiones como «no vales para nada, no te enteras, no puedes con esto, a ver si te quitamos y viene otra» así como con múltiples insultos, amenazas y descalificaciones.

Ante ello, la víctima acudió a su médico de cabecera el 10 de mayo de 2016, requiriendo atención psicológica. Si bien, el 6 de junio de 2016 se arrojó desde la azotea de su domicilio, falleciendo a consecuencia de la caída.

Investigación interna

En su día, la antigua Caja España-Duero abrió una investigación interna para intentar esclarecer los hechos que, sin embargo, no acreditó la existencia de una conducta irregular en torno a la víctima y los dos acusados.

La entidad disponía de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral que no se llegó activar ante la falta de conocimiento de los presuntos hechos. Ni la víctima ni los sindicatos comunicaron o presentaron denuncia alguna.

Caja España-Duero (hoy Unicaja) no está personada en el caso y, desde el inicio, ha mostrado una actitudo colaborativa para intentar que se esclarezcan los hechos que podrían estar detrás del suicidio de la ex trabajadora.

Durante las diligencias instructoras practicadas, los dos investigados negaron los hechos imputados, versión que fue refrenada por varios de los compañeros de trabajo de la fallecido.

Si bien, una extrabajadora de la entidad y compañera de la fallecida declaró que los investigados la habían acosado y maltratado verbalmente, dificultado su trabajo, presionado para que realizara previsiones que no podía efectuar, diciéndola que era una «incompetente y que todo lo hacía mal. Un acoso que, según manifestó, se intensificó en el mes de mayo y que, a consecuencia de ello, la víctima había sufrido un deterioro físico y mental.

Indicios de delito

En este sentido, el tribunal entiende que existen serias posibilidades de que los denunciados hayan podido infligir a la empleada un trato degradante en el ámbito laboral, de modo que se ha podido seguir como resultado y en perfecta relación causal un menoscabo grave para su integridad moral.

Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa de uno de los acusados solicitó la desestimación del recurso presentado por parte del letrado de la familia de la víctima

Añade además que los hechos punibles que revelan las diligencias instructoras practicadas tienen relevancia como para crear en la víctima un padecimiento psíquico o un sentimiento de angustia e inferioridad susceptibles de humillarla, de envilecerla y de quebrantar su integridad moral.

Resulta evidente, al entender de la Audiencia Provincial de León, que expresiones emitidas por los investigados y su actuación en el ámbito laboral, pudieran ser reveladoras de un trato degradante y un atentado a la dignidad de la persona de la trabajadora fallecida, constitutivos de un delito de torturas o contra la integridad moral (artículo 173 del Código Penal).

Por todo ello, estima que es «evidente» que no se ha agotado la investigación para determinar lo realmente ocurrido, siendo pues necesario seguir averiguando lo realmente ocurrido sobre todo si se tiene en cuenta que, desgraciadamente, ya no se puede contar con la versión sobre los hechos de la fallecida.

De esta forma, el tribunal acuerda estimar el recurso de apelación interpuesta y la práctica de las nuevas diligencias instructoras señaladas así como todas las que sean necesarias para que, con posterioridad, se dicte la resolución que proceda en derecho.