Sólo un 3,1 por ciento de los asalariados de León logra su empleo en 2018 por la intermediación del servicio público

Oficina de empleo del Ecyl. /Gráfico
Oficina de empleo del Ecyl.

CCOO destaca su papel garantista para los colectivos más desfavorecidas y UGT exige que el gasto en formación garantice un porcentaje de ocupación casando perfiles con necesidades empresariales

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El papel en la intermediación laboral del Servicio Público de Empleo siempre ha supuesto un asunto de discusión recurrente ante los bajos resultados que consigue en este campo. Los sindicatos destacan que ese no es su papel principal, que pasa por la orientación, la formación y las ayudas para establecer las condiciones esenciales para encontrar un empleo; y la patronal considera que se debería hacer «más atractivo» para las empresas, aunque valora su trabajo. Lo cierto es que casi la mitad de la intermediación ya corresponde a portales en Internet, y otro 40 por ciento sigue produciéndose de manera informal, para dejar un pequeño porcentaje al Servicio Público, las ETT y las agencias de colocación.

Los números confirman la situación. Un total de 25.000 asalariados encontraron un puesto de trabajo el año pasado gracias al Servicio Público de Empleo en la Comunidad, lo que supone el 3,1 por ciento del total. Un dato que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de Población Activa (EPA) y que supone una mejora respecto a resultados de ejercicios anteriores, ya que en 2017, intermedió en el 2,7 por ciento de las contrataciones (21.100); y en 2016, en el 2,8 por ciento (20.800). La cifra ya se aproxima a los promedios de 2010, cuando asumía el 3,5 por ciento de las contrataciones (28.300), y ya está muy lejos del suelo de 2012 del 2,3 por ciento (17.400).

Los datos de contratación del servicio público tampoco difieren mucho si se comparan con los de las empresas de trabajo temporal, que el año pasado se responsabilizaron el 4,2 por ciento de las contrataciones de asalariados, con un total de 33.800. Un dato que empeora el del ejercicio anterior, cuando asumieron el 4,7 por ciento, con 35.900 empleos.

Los secretarios de Empleo de CCOO y de UGT en Castilla y León, Saturnino Fernández y Raúl Santa Eufemia, incidieron en que el rol fundamental del ECyL es la mejora de la empleabilidad, no la intermedicación. Fernández destacó que el servicio es garantista y beneficia en materia de intermediación a los colectivos más desfavorecidos; y Santa Eufemia defendió que es preciso mejorar la formación casando perfiles con necesidades empresariales y garantizando un porcentaje de ocupación con esas inversiones tan importantes.

Colectivos desfavorecidos

Fernández explicó que la intermediacion del Servicio Público de Empleo «desde siempre ha sido un porcentaje por debajo del diez por ciento», antes del año 94, y a partir de ese ejercicio, cada vez menos, cuando se legalizan las ETT y las agencias de colocación sin animo de lucro; y en 2010, las lucrativas. El responsable sindical precisó que después, las redes sociales y los portales en internet, han asumido entre el 40 y el 50 por ciento de la intermediación; y otro 40 por ciento se mantiene de manera informal (antes suponía el 60 por ciento), con el boca a boca, los anuncios en prensa o la contratación directa de la empresa.

Un servicio más atractivo

Por su parte, fuentes de la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale) consideraron que las reformas en el Servicio Público de Empleo deberían pasar por que fuera «más atractivo» para las empresas para que «lo considerasen como una vía sencilla, rápida y eficaz a la hora de conformar sus plantillas».

Con todo, desde la patronal autonómica destacaron que el papel que juegan los organismos públicos y las empresas privadas especializadas en la intermediación laboral es «siempre positivo», ya que «contar con trabajadores con experiencia y formación es clave para el desarrollo de todo proyecto empresarial».

«Toda fórmula que pase por ayudar a las empresas a encontrar empleados es favorable para Cecale. La existencia de organismos públicos y empresas privadas que faciliten a las empresas dotar sus plantillas, es siempre positivo», resumieron.

Así, resumió que los servicios públicos de empleo tienen un margen del 4-5 por ciento, para los colectivos más desfavorecidos, «que tienen menos medios»; y para casos puntuales de ofertas de empresas importantes. Saturnino Fernández recalcó que se trata de un servicio «muy garantista» en la oferta, se basa en la igualdad de oportunidades y «los empresarios en general eso no lo quieren, no les gusta y acuden a otros medios».

Por último, cargó contra los que quieren acabar con el servicio público de empleo apelando a los datos de intermediación, porque «es un discurso mentiroso» cuando «tiene importantísmas funciones». Al respecto, comentó que su papel esencial desde hace bastantes años «es la mejora de la empleabilidad, todo lo que tiene que ver con formación para el empleo y la orietanción laboral, para encontrar trabajo o reciclarse», junto con las ayudas al fomento del empleo local, autonómos, economía social, por cuenta ajena, emprendedores, cooperativas… junto a las prestaciones».

Perfiles adecuados

Por su parte, Raúl Santa Eufemia defendió que para el ECyL debe ser «esencial» buscar los perfiles profesionales que requieran las empresas, para definir sus programas de formación, y que el tejido productiva vuelva a mirar al servicio para dotarse de personal. «Hay que empezar a pensar que empresas sectores demandan empleo, buscar esas familias acreditadas que se necesitan», dijo.

El representante sindical denunció que en la actualidad las empresas buscan en las ETT, las empresas multiservicios o los centros especiales y apeló a «dar una vuelta para que las miles de horas y miles de euros para formación sirvan para buscar las familias acreditadas de esos nichos de actividad». En este sentido, advirtió de que «no se pueden hacer horas sin saber cuántos se van a ocupar y si se gasta en formación se debe llegar a que se necesita ese perfil, con un porcentaje mínimo comprometido para ocuparse».