Una sentencia obliga al Ayuntamiento de León a devolver el IBI cobrado a fincas de suelo rústico calificado como urbano

Suelo urbano de uso rústico en la pedanía de Oteruelo de la Valdoncina, en León capital./
Suelo urbano de uso rústico en la pedanía de Oteruelo de la Valdoncina, en León capital.

La sentencia del Contencioso Administrativo número 2 ordena la devolución del impuesto al reclamante y ve un «enriquecimiento injusto» de la Administración | El Ayuntamiento apela la sentencia y advierte de la «gran trascendencia económica» ante el temor a que el criterio de la misma se generalice

J.C.León

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León ha obligado al Ayuntamiento de León, en base al auto dictado con fecha 19 de marzo, a la devolución del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cobrado de forma indebida a un vecino de la capital. La sentencia otorga la razón al demandante, Antonino C.F., y ordena al Ayuntamiento a recalcular el citado impuesto y devolver las cantidades cobradas indebidamente tras aplicar el impuesto a fincascalificadas como urbanas, pero en realidad de uso rústico.

La sentencia, pionera en la provincia, abre la puerta a decenas de reclamaciones en el mismo sentido al ser la capital una zona de especial incidencia en el cobro del IBI sobre fincas urbanas que nunca han gozado de los servicios propios de este tipo de suelo (urbanización, agua, luz, alcantarillado) teniendo uso rústico en términos reales.

El Ayuntamiento de León ya ha apelado la sentencia reconociendo en el recurso presentado la «gran trascendencia económica» que podría darse para las arcas municipales ante el temor a que el criterio de la sentencia se generalice entre los contribuyentes de la capital.

Posición municipal

En la sentencia, a la que ha tenido acceso leonoticias, Antonino C.F. solicitaba la anulación de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la devolución de los mismos por un importe que ascendía a 9.968 euros.

La sentencia ahora emitida en León cuenta además con el aval de la emitida por el Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, y ahora citada en esta causa, conforme a la cual «dejaba claro que el valor catastral de los terrenos de la naturaleza y características como los litigiosos, no podían establecerse según la ponencia de valores establecidos para el IBI urbano, teniendo que determinarse conforme a los baremos del IBI rústico».

El Ayuntamiento de León, durante el pleito mantenido con el contribuyente, defendía el hecho de que éste es un mero gestor tributario en este impuesto y que corresponde al Catastro la identificación de parcelas y su uso, por lo que -argumentaba el Consistorio- no procedía la reclamación.

Enriquecimiento injusto

Un argumento cuestionado por el demandante quien advertía en su argumentación que «la modificación del valor catastral pasando de rústico a urbano en estos terrenos es ilegal desde el ejercicio de su implantación y que el ayuntamiento de León tanto el cobro de las cuotas percibidas por el Ayuntamiento en los años en que ha mantenido una vigencia formal es ilegal, dando lugar a lo que en términos jurídicos se denomina un cobro de lo indebido y un enriquecimiento sin causa por parte del municipio«.

Pese a la argumentación el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León detalla que «no cabe sostener que todo el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por el planeamiento general tiene per se la consideración catastral de suelo urbano, sin distinguir si se encuentra ordenado o no ordenado».

Además, ve un enriquecimiento injusto en la administración: «No es admisible jurídicamente que la misma permanezca inactiva dando lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a obligar a los administrados, ciudadanos de un Estado de Derecho, a transitar por largos y costosos procedimientos para a la postre obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía «.

Equilibrio presupuestario

De ahí que se ordene al Ayuntamiento ordene la devolución de este impuesto a Antonino C.F. de las «quince fincas litigiosas, con devolución al demandante de las sumas abonadas en tal concepto, y acordando que por parte del Ayuntamiento de León se proceda a efectuar nueva liquidación del IBI respecto de tales fincas y periodos conforme a su valoración rústica, en el tiempo que sea preciso para realizar tales actuaciones tributarias«.

Esta sentencia, según reconoce el propio Ayuntamiento de León en su recurso ante el tribunal que ha dictado el auto, podría romper el equilibrio presupuestario municipal en el caso de que se generalizara.

En la actualidad no existe una estimación real sobre el número de fincas que podrían verse afectadas por este tipo de reclamaciones. Según los propios propietarios la misma situación denunciada por Antonino C.F. podría afectar hasta un millar de fincas lo que conllevaría, en caso de producirse la correspondiente reclamación, más de 600.000 euros.