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UGT reclama doblar el personal de las 120 residencias de mayores de León para evitar un «maltrato institucional»

Fonsi Bonafonte y Pilar Fernández, representantes del área de dependencia de UGT, durante la rueda de prensa./D. G.
Fonsi Bonafonte y Pilar Fernández, representantes del área de dependencia de UGT, durante la rueda de prensa. / D. G.

Desde el sindicato afirman que el maltrato que se vive en las residencias tiene que ver «con los recortes en alimentos y servicios», por lo que piden unos «ratios adaptados» a las necesidades de los centros

Dani González
DANI GONZÁLEZLeón

«El verdadero maltrato que se vive en las residencias de mayores no es de los trabajadores, sino institucional». Con esta proclama, UGT, a través de la secretaria provincial del sector sociosanitario y dependencia, Pilar Fernández, y la secretaria autonómica de mujer, igualdad y dependencia, Fonsi Bonafonte, han querido denunciar la situación que se vive en las 700 residencias de mayores de Castilla y León y, en concreto, en las 120 de la provincia de León.

El principal problema, afirman, es la falta de personal. Los cambios de ratios por parte de la Junta de Castilla y León para lograr adecuar el personal existente con los usuarios en los centros residencias de la comunidad han creado una «trampa» que pone en entredicho «la dignidad y los derechos humanos» de trabajadores y dependientes.

«Es un maltrato institucional muy claro, porque todos perdemos dignidad y no se respetan nuestros derechos con la falta de personal. No puede ser que las trabajadoras tengamos que hacer funciones que no nos corresponden, que haya que levantar a usuarios a las 5:00 horas para bañarles, o que se hayan producido recortes en alimentos o servicios, como pañales, para que las empresas gestoras ganen dinero», afirma Pilar Fernández.

En León, en torno a un millar de personas (con un sueldo medio que ronda los 1.100 euros mensuales) trabajan en este sector, del que el 97% son mujeres. Y UGT pide «prácticamente duplicar» esta cifra para dar un buen servicio a los dependientes. Además, señalan que el número de residentes con problemas demenciales ha crecido «y las trabajadoras no tienen la formación específica».

El «beneficio económico» de las empresas que gestionan las residencias

De las 120 residencias abiertas en la provincia, sólo cuatro son públicas (dos son propiedad de la Junta, una de la Diputación y una del Ayuntamietno de León) y el resto tienen convenios y conciertos con el ente autonómico. «Son empresas privadas y lo que buscan es el beneficio económico, no dar el mejor servicio posible», añade Fernández.

Fonsi Bonafonte, responsable autonómico de UGT en materia de igualdad, mujer y dependencia, también ha criticado que la Junta sólo disponga de cuatro inspectores de trabajo específicos para el ámbito de los centros residenciales para cubrir las más de 700 residencias de toda la comunidad, la que dispone de un mayor número de plazas de toda España, con más de 53.000 euros.

El maltrato físico «no es algo habitual»

Además, también señalan el intento de implantación de un modelo nórdico «basado en la atención centrada en la persona». Pero esto ha creado «desigualdades e injusticias» dentro de las residencias entre los propios trabajadores y entre los propios residentes. «Se ha creado Unidades de Convivencia con 16 residentes que tienen una atención muy personalizada. Es como dividir entre habitaciones cinco estrellas y barracas», explica Bonafonte.

También han aclarado que el maltrato físico «no es algo habitual» en las residencias de la Comunidad Autónoma y Pilar Fernández afirma que «no conozco ningún caso en la provincia de León». «No nos parece justo que se vilpendie a estas grandes profesionales por casos aislados».

Por último, aseguran que presentarán todas estas propuestas a los partidos políticos de cara a la nueva legislatura en las Cortes de Castilla y León con el objetivo de «acabar con los grandes recortes sufridos en 2011».