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Prisión por contratar a Dani Martínez en falso y en nombre de una asociación sin ánimo de lucro

El artista leonés Dani Martínez. /
El artista leonés Dani Martínez.

El acusado, que será juzgado el 15 de enero y que se enfrenta a una pena de año y medio de cárcel, simuló contratar un espectáculo con el artista leonés en Cáceres

A.C.
A.C.León

La Audiencia Provincial de León juzgará a un varón que se hizo pasar por representantes de la Asociación Española del Síndrome de Wolf-Hirschhorn para contratar una actuación con la agencia de Dani Martínez. El acusado será juzgado el próximo 15 de enero y se enfrenta a una pena de un año y tres meses de prisión.

Según el escrito de calificaciones, los hechos se remontan al 16 de junio de 2014 cuando el acusado concertó con la representante del artista leonés un espectáculo en nombre de la asociación sin ánimo de lucro para actuar el 31 de octubre de 2014 en el Palacio de Congresos de Cáceres a cambio de 6.500 euros de retribución.

Para ello, el acusado hizo constar como representante legal de la asociación a una persona cuya identidad se desconoce, atribuyéndole un DNI que no le corresponde, actuando sin su conocimiento ni consentimiento.

Un mes después, el 17 de julio de 2014, la agencia representante de Dani Martínez envió al presunto promotor un correo electrónico adjuntando el cartel del espectáculo contratado, puntualizando algunos detalles sobre la venta de entradas.

Asimismo, preguntaba el momento en el que se iba a realizar el primer pago estipulado en el contrato, recibiendo como respuesta que se procederá al mismo a lo largo de la siguiente semana, sin que se lleve a cabo.

El 21 de agosto, el acusado envió la factura correspondiente al primer pago del promotor -1.120 euros-y, a pesar de que un mes después comunica que se ha efectuado la transferencia, nunca se llegó a realizar, incumpliendo el contrato.

Ante estos hechos, el 2 de octubre la compañía anuló el contrato por incumplimiento y mala praxis, reclamando a la promotora que representaba la compañía la cantidad pactada como penalización. Si bien, la promotora negó la contratación de la actuación, comprobando que se trataba de un contrato fraudulento.

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos narrados son constitutivos de un delito de falsificación documental, por lo que solicita una pena de un año y tres meses de prisión para el acusado, que además se enfrenta a una multa de nueve meses a razón de 10 euros diarios.

La defensa niega los hechos y solicita la libre absolución de su cliente mientras que la acusación particular entiende que los hechos son constitutivos de un delito de estafa, y solicita una pena de tres años de cárcel.

 

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