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IU se plantea elevar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de las cajas al ver «hechos punibles»

José Sarrión./Chacón
José Sarrión. / Chacón

Sarrión sitúa las responsabilidades políticas por el hundimiento de las entidades en PP y PSOE, incluida la Junta por «dejación de funciones»

ICAL

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), se plantea elevar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de las cajas al entender que existen «objetos punibles», pero también mantendrá la «batalla judicial» en tres procesos en los que está personada la formación de izquierda.

«Ha arrojado poca luz y ha puesto de manifiesto lo que ya se conocía», resumió Sarrión en una rueda de prensa para presentar las conclusiones de la comisión de las cajas, una vez que ha cerrado sus trabajos, tras escuchar a más de 60 comparecientes, y abrir el periodo para la elaboración de las conclusiones que se deben aprobar en un pleno de las Cortes.

El parlamentario calificó de «escandaloso» que ninguno de los comparecientes que «ha desfilado» por la comisión, entre ellos expresidentes de las entidades y de las comisiones de control, haya asumido ninguna responsabilidad ante una gestión financiera «irresponsable e inepta» que «ha hundido» a las cajas.

Respecto de las responsabilidades políticas, no dudó en situarlas en PP y PSOE, partidos mayoritarios que nombraron consejeros a los órganos directivos, con un criterio, en su opinión, «sin un interés social y sin un conocimiento» en la materia que ha motivado la extinción de las cajas, a los que estimó que hay que inhabilitar para cargos públicos.

«Dejación de funciones» de la Junta

«O nombraban mal o no hicieron un seguimiento», advirtió, convencido también de la responsabilidad de la Junta por la «dejación de funciones» y las competencias atribuidas en la Ley de Cajas de Castilla y León. También, tildó de «cínico» que PP y PSOE no asuman que ellos propusieron a determinadas personas para puestos en órganos directivos.

Sarrión afirmó que van a «estudiar despacio» las conclusiones y añadió que se plantea su traslado a la Fiscalía, aunque señaló que están personados en los casos de las prejubilaciones de directivos de Caja Segovia, los créditos a quien fuera presidente de Caja España Santos Llamas y el Torreón de Lozoya, sobre los que advirtió de que van a seguir dando «batalla».

Igualmente, tachó de «vergonzoso» que los delitos de corrupción prescriban a los cinco años, una de las razones por las que el presidente de la comisión de las cajas, Manuel Mitadiel, se mostró reaccio a llevar las conclusiones a la Fiscalía, y abogó por un cambio normativo para que «se puedan perseguir» y no caduquen.

Cosas sin conocer

De las comparecencias escuchadas en la comisión, Sarrión ha sacado tres conclusiones: la falta de supervisión de los órganos de control que no advirtieron la quiebra de las cajas y la Junta ajena a los hechos «sin hacer nada»; que estaban gobernadas por «irresponsables e ineptos» que «han hundido» estas entidades por un «exceso» de inversión en el sector inmobiliario; y el «tremendo ridículo» de la Junta al plantear el proyecto de un «músculo financiero» sin consenso con las cajas, en las que tenía mayoría el PP.

Pese al «tremendo esfuerzo» por ver qué ocurrió en la caída de las cajas, Sarrión afirmó que el «gran acuerdo» de PP y PSOE ha provocado que «no haya servido para nada» esta comisión porque, en su opinión, queda por «conocer muchas cosas», donde también se refirió a que él fue el que menos comparecencia pidió pero el 80 por ciento de las solicitadas fue rechazada.

En sus conclusiones, recuerda el procurador que las cajas de Castilla y León han sido absorbidas por Unicaja, Bankia, Ibercaja y Caixabank que, bajo «la apariencia de fusiónes, han dejado un rastro de absoluta desolación, sobre todo por la pérdida de la obra social y la localización del poder político fuera de la Comunidad».

Se refiere a las malas prácticas bancarias, por las que se «han dilapidado cientos de millones captados de manera fraudulenta», como en las preferentes, y que han dado lugar a numerosos procedimientos judiciales penales por delitos de administración desleal de directivos y consejeros de las cajas.

«Nada positivo ha surgido de este proceso», anota en las conclusiones al referirse al «funesto panorama de fusiones a la defensiva» o del «drama» que ha supuesto la desaparición de las cajas de la Comunidad -donde cita a alguno de los comparecientes que así lo reflejaron-, absorbidas por entidades de fuera a las que «han aportado el incalculable valor de su nutrida cartera de clientes castellanos y leoneses».

 

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