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IU pedirá la devolución de los 10 millones más intereses cobrados «ilegalmente» en el canon de Mémora

Eloína Terrón, coordinadora provincial de IU, y Victoria Rodríguez, concejal de León en Común, durante la rueda de prensa de este jueves./D. G.
Eloína Terrón, coordinadora provincial de IU, y Victoria Rodríguez, concejal de León en Común, durante la rueda de prensa de este jueves. / D. G.

La formación presentará mociones en todos los ayuntamientos de la mancomunidad y pide que haya «responsabilidades» para los técnicos que dieron el visto bueno al contrato

Dani González
DANI GONZÁLEZLeón

Izquierda Unida ha anunciado este jueves su intención de que Mémora devuelva los 10 millones de euros, más intereses, cobrados «de forma ilegal» por la gestión del servicio funerario en los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre bajo la mancomunidad Serfunle.

Esta propuesta llega después de que la Justicia haya declarado como ilegal el canon de gestión de 600.000 euros anuales cobrado por Mémora, parte «privada» de esta gestión, que ha percibido 10 millones de euros en 15 años de contrato entre Serfunle y Mémora.

Por ello, IU se ha lanzado a presentar mociones en los ayuntamientos de la mancomunidad tras la declaración como nulo de este contrato, que tiene una duración de 35 años más.

En esta moción, IU pedirá responsabilidades a los técnicos que dieron su visto bueno al contrato «a sabiendas de que no era justo», llegando a convertir el precio del servicio funerario de la mancomunidad en un 30% más caro que en otros de ciudades colindantes.

Regreso a la gestión pública «desde el minuto 0 de la sentencia del TSJ»

Además, este partido política también planteará una rebaja del coste del servicio a través de la gestión pública, ya que es un millón de euros más caro bajo el sistema actual con los 600.000 euros del cánon de Mémora, los 300.000 de beneficio empresarial y el impuesto de sociedades que se debe abonar.

IU también pedirá que Serfunle esté listo para la gestión pública del servicio en cuando el Tribunal Superior de Justicia ratifique la nulidad del contrato con Mémora. «La sentencia dice que este contrato no se puede mantener porque es ilegal, pero debemos estar preparados para que la gestión sea pública desde el minuto 1 desde que se pronuncie el TSJ», señala la coordinadora provincial de IU, Eloína Terrón, que espera esta sentencia en un plazo de dos o tres meses, «antes de las elecciones».

«Queremos volver a la gestión pública del servicio funerario, como era en su momento, y que no se mire hacia otro lado con este caso, que nació de una investigación de un interventor de Hacienda sobre el impuesto de sociedades», concluye Terrón.