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El mayor golpe a la corrupción municipal: 43 ayuntamientos bajo la lupa de la Justicia

Agentes de la UDEF en el Ayuntamiento de León. /J.L.B.
Agentes de la UDEF en el Ayuntamiento de León. / J.L.B.

De forma simultánea, los agentes de la UDEF registraron 43 ayuntamiento, una diputación y los domicilios y despachos de una veintena de investigados

A.C. | J.C. León

El martes 3 de julio, 560 agentes de la UDEF de la Policía Nacional, en plena coordinación, protagonizaron registros, intervenciones y detenciones en un total de 43 ayuntamientos de España, una diputación y una veintena de investigados.

De forma simultánea e iniciándose las entradas a las 6:00 horas, pudiéndose prolongar hasta la madrugada. Era la 'Operación Enredadera', que investiga una red de amaños que falseaba datos de tráfico para poner radares con afán recaudatorios.

Su resultado, el mayor golpe a la corrupción municipal en España que se saldó con la apertura de dos piezas independientes a la del Juzgado de Instrucción nº2 de Badalona por posibles amaños en contratos públicos de obras y mantenimiento de zonas ajardinadas y parques infantiles.

Ayuntamientos bajo la lupa

Los ayuntamientos investigados fueron el de Lleida, Mollet del Vallés, Tiana, Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Parla, Pinto, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Illescas, León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilamebre, Palencia, Huesca, Oviedo, Plasencia, Teruel, Vélez-Málaga. Asimismo, el juez realizo un requerimiento de información a

Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premia de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, Cistérniga, El Puig de Santa María, Gandía, San Vicent Del Paspeig, Álava, Logroño, O Grove (Pontevedra) y la Diputación de Alicante. A los 41 se sumarían ahora los leoneses de Astorga y Villarejo de Órbigo, incluidos en la pieza del Juzgado de Instrucción nº2 de Astorga.

Bajo la lupa, tres ayuntamientos leoneses. El de León, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo. En estos dos últimos se ordenaba la localización de sus alcaldes así como de diferentes responsables municipales y técnicos. Todos, acabaron en comisaría aunque en libertad sin cargos horas después.

Por el contrario, en el de la capital, se precintaba y registraban diferentes dependencias, entre ellas, el despacho del concejal de Infraestructuras, José María López Benito, que deberá declarar en septiembre en calidad de investigado junto con el arquitecto municipal y un técnico.

En los tres casos, el objetivo de la UDEF se centró en todos los archivos físicos o digitales referidos a la contratación de suministros o servicios relacionados con la gestión del tráfico, desde instalación de radares, cámaras de seguridad, alumbrado público, la zona azul o la Policía Local.

Además y con el objetivo de esclarecer la relación de los ayuntamientos con las sociedades investigadas, los agentes se incautaron de toda la documentación relativa a expedientes de contratación desde el año 2010, fecha en la que echó raíz la trama.

Por último, exigían cualquier factura o relación de pago con dichas empresas por la contraprestación de un servicio así como de aquellos contratos menores o realizados sin publicidad. Para todo ello, fue necesaria la participación del personal del área de informática, que facilitaron las contraseñas de todos los equipos informáticos.

 

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