La leonesa Silvia Fernández, elegida al frente de la nueva ejecutiva estatal de CCOO Prisiones

La leonesa SIlvia Fernández, durante su intervención./
La leonesa SIlvia Fernández, durante su intervención.

León acoge la III Conferencia Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias, bajo el eslogan #EsElMomento de los derechos del personal penitenciario, para elegir a la nueva ejecutiva de CCOO en IIPP

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Después de 40 años de vigencia de la Ley Orgánica General Penitenciaria, una leonesa lidera uno de los sindicatos representativos de prisiones. Instituciones Penitenciarias siempre ha sido un ámbito laboral muy masculinizado porque el 90% de la población reclusa son hombres, recuerda el sindicato que valora de forma muy positiva la presencia de Silvia Fernández García al frente de esta sección sindical.

En la nueva ejecutiva estatal continuarán estando «representados todos los colectivos de profesionales que, de forma transversal, trabajamos en la ejecución de condenas, aunque por primera vez, habrá una mayor presencia de las trabajadoras penitenciarias, con la finalidad de que tengan un mayor espacio en la acción política y sindical del trabajo en prisión».

Silvia Fernández ha asegurado que, en esta nueva etapa, se seguirá «luchando por los derechos laborales de todo el personal penitenciario y sobretodo por la justicia salarial. Los diferentes partidos nos reconocen que son justas nuestras reivindicaciones, sin embargo no acaban de materializarse».

Sueldos

«Somos el único colectivo de la Administración del Estado que cobra hasta 9 salarios distintos para una misma categoría profesional, en función de la cárcel dónde trabajes, con unas diferencias que pueden alcanzar hasta los 700 euros», también ha advertido.

«Después de 30 años de servicio hay compañeros que ganan menos que el personal de nuevo ingreso, debido a la clasificación de centros de 1989. Todo lo que ganas en trienios por antigüedad, lo pierdes en el complemento específico, si trabajas en una prisión de inferior categoría», añade CCOO en un comunicado oficial.

Silvia Fernández también ha recordado que las «retribuciones no tenemos cuantificadas económicamente, la nocturnidad, la turnicidad, o la penosidad de trabajar con personas conflictivas o peligrosas».

Plazas vacantes

«Seguiremos peleando por más empleo público para prisiones. Tenemos 3.500 plazas vacantes y un problema de envejecimiento de las plantillas, que hay que tener en cuenta a la hora de reponer efectivos. No se pueden aplicar los mismos criterios de reposición de empleo público para gestionar expedientes que para gestionar la política punitiva de este país», se añade.

Pero además, recuerda, «nuestros políticos siguen reformando el Código Penal, sin cuantificar el gasto presupuestario en recursos y medios, que conllevan sus medidas. Por ejemplo, se nos adjudicó la gestión de penas y medidas alternativas a la cárcel, sin personal nuevo, detrayéndolo del medio cerrado. Actualmente, tenemos profesionales haciendo tres puestos de trabajo».

Degradación laboral

«Instituciones Penitenciarias tiene una deuda histórica con el colectivo penitenciario. Los diferentes gobiernos que hemos tenido, han destinado miles de millones a infraestructuras penitenciarias y a la privatización de servicios, mientras precarizaban las condiciones de trabajo de su personal penitenciario. Una muestra de la degradación laboral que sufrimos es que nuestras leyes de Cuerpos funcionariales y las funciones son preconstitucionales. Ninguno de los profesionales que trabajamos en prisión tenemos desarrollada la carrera profesional ni recibimos una formación específica suficiente», concluye.

Por ello se incide en que el nuevo Ejecutivo debe «abordar la reforma de la normativa penitenciaria y modernizar la Institución, invirtiendo en el personal penitenciario porque es el verdadero garante de los derechos humanos, la seguridad y la reinserción en los centros penitenciarios».