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Los jueces apuestan cada vez más por la libertad vigilada para reinsertar a los menores que han delinquido según se desprende de las estadísticas facilitadas a Efe por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que reflejan que la mitad de las penas se saldan por esta vía.
Así, al 47,5% de los adolescentes infractores de entre los 14 y 18 años se les ha impuesto en 2018 esta medida como fórmula de control tras cometer delitos de los que se ha desprendido una responsabilidad penal.
En este sentido, 741 menores de la Comunidad, de un total de 1.561, cumplieron el pasado año por mandato judicial una serie de reglas con las que se les intentó «inyectar« responsabilidad en el marco del servicio de intervención educativa en medio abierto.
Por provincias, este porcentaje rozó el 60% en Salamanca (163 casos de 273) y superó el 52 por ciento en Ávila (45 de 86) y Zamora (51 de 98). Por detrás se situaron Valladolid (193 de 388), Palencia (51 de 103), Burgos (87 de 198), León (86 de 200), Soria (23 de 75) y Segovia (42 de 140).
La reinserción gana terreno a la privación de libertad en la atención a jóvenes infractores. De este modo, en 2018 tan sólo se ejecutaron 298 medidas de internamiento, el último recurso, 23 menos que un año antes.
El régimen cerrado, que se impuso en siete casos (en su mayoría reincidentes o condenados por delitos muy graves), implica residir en un centro específico como el Zambrana, en Valladolid, (el único de reforma existente en la Comunidad), donde el infractor desarrolla sus labores formativas y de ocio.
Para el 4% (12) se decretó la modalidad abierta, que obliga al menor a permanecer en dicho entorno y a someterse a su programa, pero le permite la asistencia a recursos y actividades fuera del centro.
El régimen semiabierto, que llegó a dos de cada diez (60), lleva consigo el desarrollo de medidas de intervención acelerada para aprender nociones básicas de conducta durante los dos meses que dura su estancia.
A ellos se unieron 32 menores internados en recursos terapéuticos al confluir el consumo de sustancias tóxicas con trastornos mentales, 50 en aislamiento durante los fines de semana y 134 en convivencia en grupos educativos, una alternativa en la que es necesaria la implicación de la familia y del entorno, así como la colaboración del joven.
La ejecución de medidas en medio abierto para enmendar los daños y entrenarse en habilidades sociales se aplicó a 1.561 menores de Castilla y León en 2018, después de alcanzar a 1.592, 1.601, 1.750, 1.782, 1.959 y 2.168 en los años inmediatamente anteriores.
Por detrás de la libertad vigilada, y siempre a través de las Unidades de Intervención (UIE) de las gerencias territoriales de Servicios Sociales, se encuentran las prestaciones en beneficio de la comunidad (26,4% con 413 jóvenes).
De ellos, 70 eran vallisoletanos, 59 segovianos, 53 leoneses, 50 burgaleses, 49 salmantinos, 40 sorianos, 33 palentinos, 30 zamoranos y 29 abulenses. Siempre se intenta que estos trabajos estén relacionados con la infracción cometida.
Así, lavan pintadas cuando la condena es por deslucimiento, recogen el botellón si tiene que ver con el consumo de alcohol o acompañan a ancianos si es por maltrato familiar. Le siguen las tareas socioeducativas (14,2% con 222 menores), encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.
Por provincias, 98 residían en Valladolid, 32 de Burgos, 25 de Salamanca, 22 de León, 22 de Segovia, 11 de Palencia, seis de Zamora, cinco de Ávila y uno de Soria.
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