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«A igual trabajo, igual retribución». Un principio que, a priori, debe ser de obligado cumplimiento. Si bien, la teoría difiere de la realidad. Tanto que, en algunas casos, las diferencias salariales incluso rozan los 900 euros.
Es la denuncia, ya casi histórica, del personal de la administración de Justicia que, una vez más, ha vuelto a frenar su actividad para exigir una equiparación salarial con sus homólogos en el conjunto del territorio nacional.
Una reclamación que han vuelto a llevar a las puertas de los Juzgados de León, donde un centenar de trabajadores se han concentrado para instar al Gobierno a sentarse y negociar subidas salariales que permitan equiparar sus salarios con los de los funcionarios de las comunidades con la competencia trasferida.
«No entendemos cómo, siendo cuerpos nacionales, que han accedido a través de una misma oposición y desarrollemos el mismo trabajo, tengamos esas diferencias salariales», apuntó Susana Rivada (UGT).
Una idea en la que coincidió Conchi González (STAJ), que advirtió el hartazgo de los funcionarios, que no descartan convocar una huelga, como ya hicieran durante dos meses en el 2008, cuando consiguieron acortar las diferencias salariales.
Sin embargo, continuó, a lo largo de esta década, las comunidades han negociado con sus funcionarios subidas de complementos específicos, lo que ha elevado las diferencias salariales, que de media ronda los 600 o 700 euros por ejemplo con los trabajadores en el País Vasco.
«No es normal que ni si quiera se dignen a sentarse a negociar. Aunque nos reconocen que no hay justificación a estas diferencias, no atienden a nuestras reivindicaciones, solo nos dan buenas palabras. Ya nos estamos cansando y no descartamos tomar medidas más drásticas, como la huelga indefinida», señaló González.
Por su parte, Fabricio Gómez (C-SIF) denunció la falta de reconocimiento que sufren los funcionarios de Justica por el esfuerzo desarrollado para el despliegue de las nuevas tecnologías en los juzgados.
«Hay deficiencias que se soluciona con parches y que salen adelante gracias al esfuerzo del personal, que hace frente a la precariedad de los medios», remarcó Gómez, que destacó la necesidad además de la ampliación de la plantilla para evitar la ralentización que sufre el sistema judicial.
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