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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha coincidido con los sindicatos CC OO y UGT en valorar muy positivamente los efectos en esta comunidad autónoma del Plan Director por un Trabajo Digno que el Gobierno de España puso en marcha en julio de 2018.
Los datos en León son positivos, señala Martín, ya que se ha logrado transformar 1970 contratos temporales en indefinidos. Este resultado supone un 123% más que en el curso anterior, donde se lograron 883, siendo más o menos parejos entre hombres y mujeres, si bien estas últimas han tenido alguna transformación más.
Además, también se han regularizado 352 contratos de falsos autónomos, por los únicos 10 del último curso. En ampliaciones de jornadas a tiempo parcial se han producido 634 transformaciones de este tipo, 13 menos que en el último año.
En este encuentro se ha analizado, con los resultados alcanzados durante los primeros once meses de vigencia, el Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2019-2020) en Castilla y León. Este Plan Director fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018.
Además, Mercedes Martín ha informado sobre la puesta en marcha por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuevo de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y contra los abusos en los contratos a tiempo parcial.
El Plan Director está formado por 75 medidas (55 operativas y 20 organizativas), además de los dos planes de choque que ahora se reactivan. La delegada del Gobierno ha indicado que «la forma de entender la relaciones laborales es uno de los pilares de las políticas progresistas. Es parte del ADN de este Gobierno y por eso le da una importancia capital».
Mercedes Martín ha añadido que «el Plan Director supone, desde las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la principal herramienta para hacer frente a los problemas más graves de nuestro mercado de trabajo».
Este Plan entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente su Objetivo 8 relativo al Trabajo Decente y es una de las Políticas Palanca del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de junio de 2018.
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